La palabra desaparecido es múltiple en significados por la carga emocional, legal e histórica que tiene en cualquier país del mundo. El análisis de este drama sobrepasa la racionalidad, porque desgarra el alma de familias y pueblos enteros como cuando se producen guerras o escenarios de inseguridad, violencia y delito. En ningún caso, nada es igual después de que alguien se esfumó sin dejar huellas o tal vez dejando huellas casi imperceptibles para quienes investigan y procesan los casos. En nuestro Ecuador, este fenómeno es lacerante por una diversidad de factores que están atravesados por el marco normativo, el papel de las instituciones, el sistema de justicia y los mismos actores involucrados desde distintos roles.

La condición de persona desaparecida tiene diversas figuras, como la voluntaria, involuntaria y forzada. En cada una, hay una variedad de causas y también de consecuencias, así como responsables. La primera significa que alguien decide salir de su contexto por su propio consentimiento, debido a entornos que impiden su realización emocional, laboral y familiar, y que incluso atentan contra su seguridad psicológica y física por violencia y maltrato. La segunda se produce cuando alguien interviene en el acto de desaparición que puede ser una persona cercana o extraña, y en la forzada hay la intervención directa del Estado a través de agentes o actores del cuerpo represivo.

La desaparición es un delito imprescriptible que es sentenciado con 22 hasta 26 años de privación de libertad para quienes hayan incurrido con este hecho repudiable. Esta situación es considerada, además, de lesa humanidad, por lo tanto transgrede todos los derechos de las personas que han sido afectadas. Los episodios que viven las familias afectadas son historias que merecen ser visibilizadas, ya que en la mayoría de los casos carecen de atención psicológica, agotan todos sus recursos económicos en búsquedas interminables y quijotescas y, en varias ocasiones, cuando sus casos no son emblemáticos, la sociedad les da las espaldas.

La radiografía de los desaparecidos es muy compleja, porque la estadística no coincide entre las cifras levantadas por la Fiscalía General del Estado, la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) y la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec). En ese sentido, hay la necesidad de articular esfuerzos y pensar en el diseño de un sistema integrado de información que agregue datos no solo de los denunciantes, de la Policía e instancias judiciales, sino también de centros de salud, migración, identidad, 911.

En los últimos cinco años, la cifra más conservadora y que maneja Asfadec habla de más de 4.000 desaparecidos. De esa cifra, el mayor porcentaje es de mujeres mayores de edad, sin perder de vista la alta exposición que tienen la niñez y los grupos vulnerables, como adultos mayores, personas con problemas de salud mental y quienes también están expuestos a delitos conexos como la trata y el reclutamiento para servir en bandas del crimen organizado de la droga. (O)

* Docente investigador