Nos encontramos ante la dura realidad de un laudo arbitral adverso de la Corte Internacional de La Haya por demanda de la petrolera Chevron, sucesora de Texaco; y ante la amenaza de otra demanda arbitral, esta vez, de la compañía estatal de Venezuela, PDVSA, por su participación en la Refinería del Pacífico, hoy Manabí, que el gobierno actual, erradamente, quiere resucitarla. Fuimos envueltos en estos graves casos, como Estado, por la necedad de quienes nos gobernaron, y que hoy nos llevan a pagar a todos los resultados de sus irresponsabilidades.

En el juicio local a la Chevron nunca el Gobierno debió inmiscuirse porque era un asunto entre particulares. La Corte de La Haya no ha desconocido los derechos de los demandantes y reconoce que ellos son libres de reclamarlos por separado. Al intervenir, el gobierno de Correa manchó la causa, porque restó credibilidad a la imparcialidad del Estado. Por eso que el Estado ecuatoriano ha sido condenado a reparar el daño causado a la petrolera, señaladamente, por daño moral, cuyo monto es tan difícil de predecir. Este es un muy grave asunto que debe tratarse con prudencia, exclusivamente por la Procuraduría del Estado, bajo la instrucción del jefe de Estado. Toda otra intervención de funcionarios públicos puede ocasionar daño a la defensa, que es la defensa de todos nosotros los contribuyentes. Las primeras declaraciones de los funcionarios de la presidencia pueden ser perjudiciales. Decir, por ejemplo, que van a iniciar acciones de repetición contra los responsables del anterior gobierno, antes de que se hayan ejercido acciones legales, como la de nulidad, podría interpretarse como que hemos aceptado ya el fallo y que aceptamos pagar, porque la acción de repetición solo puede intentarse después de haber pagado; o decir que “agotaremos instancias para que el laudo sea favorable” no tiene sentido, porque el laudo ya fue dictado, y no puede haber otro; podemos pedir aclaración (interpretación), ampliación, nulidad del laudo, nada más. Solamente deberían hablar el presidente y el procurador. El Gobierno actual debería considerar el desautorizar las injerencias de Correa y su gobierno que tanto daño nos han causado: las campañas de la “mano sucia de Chevron”, con celebridades del espectáculo, y, más grave aún, la postura de Correa denigrando a la petrolera en su discurso en el mayor foro del mundo, la asamblea anual de la Naciones Unidas, que nada tiene que hacer en esto. Si el presidente Moreno va a la Asamblea, tal vez podría decir algo como que su gobierno es un defensor del medio ambiente, pero que es un error tratar asuntos judiciales en la Asamblea.

Fuimos envueltos en estos graves casos, como Estado, por la necedad de quienes nos gobernaron, y que hoy nos llevan a pagar a todos los resultados de sus irresponsabilidades. En el juicio local a la Chevron nunca el Gobierno debió inmiscuirse porque era un asunto entre particulares. Al intervenir, el gobierno de Correa manchó la causa, porque restó credibilidad a la imparcialidad del Estado.

Y henos aquí persistiendo en otra aventura: la de reflotar un proyecto para llevar a pasear el petróleo que llega por el oleoducto a la refinería de Esmeraldas para refinarlo en Manabí. Y para esta aventura ni siquiera hemos liquidado previamente la sociedad que hicieron Correa y su mentor Chávez, y por la que PDVSA ya amenaza con demandarnos.

Tanto lo de Chevron como lo de la refinería del Pacífico son responsabilidad de Correa y, en el momento adecuado, deberá pagar por ello.

(O)