El escándalo de que funcionarios legislativos sean obligados a entregar “aportes” mensuales de su salario a cambio de mantenerlos en funciones llevó a plantear que la Contraloría revise las cuentas y transferencias de todos los asambleístas.

La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, presentó el jueves un proyecto de resolución, que fue aprobado por el Consejo de la Administración Legislativa, para que sean investigados los legisladores “denunciados de manera adecuada, con los documentos de soporte y las firmas de responsabilidad correspondientes”, pues rechaza una generalización de todos los miembros de la Asamblea. Al día siguiente acudió a la Fiscalía para pedir que “se inicien de oficio las investigaciones y se recoja toda la información que ha circulado en redes sociales que dan cuenta de estos ilícitos”.

Una de las perjudicadas señaló que conoció al señor “que recogía las cuotas”, pero sabiendo que nadie entrega facturas por actos de corrupción y que en el Legislativo se reconoce que es una usanza de vieja data nombrar a personas de confianza como asesores para ‘quedarse’ con una parte del salario, va a ser necesario que se favorezca investigar y se lo haga con seriedad si en realidad se quiere esclarecer que “no son todos”. (O)