Estos calificativos merecen las acciones de nuestra política exterior relacionada con el drama humano de los venezolanos que huyen de su patria.

Lo bueno: el por fin habernos separado de la ALBA, esta nefasta organización inspirada por Castro, el mayor, ejecutada por su discípulo Chávez, y a la que nos incorporó, no Correa, sino Chávez, que es quien anunció que Ecuador formaba parte de ella. La Cancillería funda su decisión en que Maduro es la causa del éxodo venezolano que tan graves problemas nos crea a sus vecinos. Es una buena razón para hacerlo, y una conveniente rectificación del apoyo dado a Maduro, hasta hace poco, por el Gobierno y su canciller, lo que nos hacía solidarios con la represión criminal en ese país y en Nicaragua.

Lo malo: el haber establecido un requisito ilegal, el del pasaporte, para el ingreso al país de los migrantes venezolanos –que van, en gran parte, hacia Perú, Chile y Argentina–, bajo el pretexto de dar mayor seguridad a los ecuatorianos y –¡qué terrible ironía!– a los propios venezolanos, que tienen ahora que cruzar por pasos clandestinos, sometiéndose a exigencias de delincuentes y guerrilleros que controlan esos pasos. De ellos no queda registro en Ecuador. Debe infundirnos confianza que haya una Defensoría del Pueblo que defiende los derechos humanos, sin temor a arrostrar la ira del poder político. La exigencia del pasaporte viola nuestras leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Los organismos internacionales, las ONG defensoras de los derechos humanos han sido unánimes en pedir la eliminación del requisito del pasaporte. Si la actitud gallarda de la Defensoría del Pueblo nos ha infundido confianza, también lo ha hecho la de la jueza que suspendió la vigencia del requisito del pasaporte. Esto significa independencia del Poder Judicial, anteriormente sometido, por temor, al Gobierno.

Aparte de la crueldad, ¿pensaron en que no se puede certificar un instrumento público, como lo es la cédula? ¿Aceptaría el Registro Civil de Ecuador o Venezuela emitir un certificado de validez de la cédula de ciudadanía por ellos mismos emitida? ¿Habrá un organismo internacional que pueda y quiera certificar la validez de cédulas cuyos archivos solamente los tiene el Estado venezolano?

Lo feo: A pocas horas de que la jueza suspendió el requisito del pasaporte, la Cancillería dice que acata la resolución, pero, acto seguido, sustituye el requisito del pasaporte por uno nuevo, casi imposible de cumplir, el de que los emigrantes venezolanos, solo ellos, en acto discriminatorio, presenten su cédula de identidad “apostillada”, con un certificado de validez, sea por organismos internacionales reconocidos por el Ecuador, o por el propio gobierno del país del que vienen huyendo. ¡Qué burla cruel! Aparte de la crueldad, ¿pensaron en que no se puede certificar un instrumento público, como lo es la cédula? ¿Aceptaría el Registro Civil de Ecuador o Venezuela emitir un certificado de validez de la cédula de ciudadanía por ellos mismos emitida? ¿Habrá un organismo internacional que pueda y quiera certificar la validez de cédulas cuyos archivos solamente los tiene el Estado venezolano? A este paso, ¡mañana exigirán que los billetes dólares sean apostillados por la Reserva Federal de los Estados Unidos! La Defensoría del Pueblo ha impugnado este desacato ante la misma jueza. Si defensor y jueza sostienen sus tesis, y el Gobierno las respeta, sabremos que hemos salido de las prácticas correístas; caso contrario, tendremos que volver a luchar por la independencia del Poder Judicial, por la separación de poderes. (O)