El anuncio de ajuste no supuso mayores novedades. En septiembre y abril pasados se había hecho lo propio, aunque sin mayores resultados. Ahora la cosa parece ir en serio porque no hay más tiempo que perder.

La comunicación de su variado contenido resultó eficaz. El presidente Moreno conversando con un auditorio donde se veía, en primera fila, a madres embarazadas. Un simbolismo para enfatizar que cada nuevo ecuatoriano llega al mundo con 18.000 dólares de deuda. Irresponsable herencia de su antecesor.

En cuanto al aumento del precio de las gasolinas decidió obrar con cautela. Solo subió la súper, dejando en suspenso la extra, la de mayor impacto social. Y, al tiempo, anunció el inicio de mesas de diálogo para decidir el futuro de 3.000 millones de dólares de subsidio anual a los combustibles que debe ser racionalizado. Quedó como cabo suelto la “optimización” del subsidio al diésel para el sector industrial. En el caso de la actividad pesquera podría resultar letal quitarle un factor indispensable de competitividad (primero necesitan renovar su flota obsoleta).

Plausible la eliminación y fusión de distintas instituciones públicas, ministerios y secretarías que proliferaron como hongos durante el correísmo. En el caso del sector productivo, la unificación de los ministerios de Comercio Exterior e Industrias se tornaba imperiosa. No había valor agregado en la interposición de funciones.

Importante la reiteración de que en la última década se contrataron 18.000 millones de dólares de forma directa, sin mediar proceso competitivo alguno. Fácil colegir el multimillonario latrocinio, considerando los hábitos de sobreprecios y jugosas comisiones de los robolucionarios. En teoría, habría suficiente dinero mal habido para cubrir el déficit fiscal.

Se ofreció combatir con firmeza el abuso en la aplicación del régimen especial para la contratación pública, que quedaría abolido. Pero subsiste la duda si habrá excepciones que confirmen la regla. Sería el caso de Seguros Sucre, que hasta ahora se ha mantenido incólume pese a las graves denuncias en su contra como un monopolio opaco e ineficaz.

El reciente informe de auditoría de la Contraloría lo ratifica, al destacar información “no confiable” respecto a la contratación de los reaseguros, lo cual revela un posible fraude descomunal. Y lo paradójico es que, si bien no pagó puntual y totalmente determinados siniestros, según denuncia del exgerente de la Coordinadora de Empresas Públicas, tampoco cobró oportunamente las primas según correspondía. Esto al margen de perjuicios de carácter administrativo por 6,3 millones de dólares, que es apenas la punta del iceberg.

Sobre la nueva ley para recuperar lo robado, nada más justo y necesario. Hay que anotar que pese a la infinidad de denuncias de corrupción –y de tener a un exvicepresidente sentenciado por asociación ilícita, entre otros exfuncionarios y afines– hasta ahora no se ha recobrado un centavo.

Solo en el caso Odebrecht hay 33 millones de dólares admitidos en coimas. A inicios de año, como derivación del caso Glas, la Fiscalía General anunció que continuarían las investigaciones por indicios de responsabilidad penal, por peculado, concusión, cohecho, testaferrismo y lavado de activos, pero hasta el momento no ha sucedido nada. Del ímpetu inicial se ha pasado a la inacción o, lo que es peor, al olvido.

Ante el anuncio de la serie de medidas, las reacciones han sido diversas. Hay quienes piensan que por su carácter gradualista, se perderá tiempo con una reactivación económica más lenta. Sigue costando entender que después de la década perdida, la recuperación del país ha de ser progresiva. (O)