A los quince meses de gobierno, el presidente Moreno anuncia su plan para iniciar la corrección del desequilibrio fiscal. El presidente justificó el atraso por la necesidad de atender el problema político: zafarse de las amarras, puesto que Correa lo dejó maniatado en un buque que se hundía. También son solo tres meses desde que entró en funciones un nuevo equipo económico: el anterior era parte de las ataduras.

Hoy, con la destitución de la Corte Constitucional, el Consejo de Participación Ciudadana transitorio está por culminar la tarea de desamarre.

El plan va en dirección correcta. Después de once años de encaminarnos al despeñadero, el Gobierno comienza a virar el timón en sentido contrario. Trata que el giro no sea ni tan brusco que se vuelque la nave, ni tan leve que no baste para cambiar la dirección.

De lo que anunciaron, más bien pecarían de exceso de cautela. Solo suben la súper, que según el ministro de Economía, consumen únicamente los vehículos que cuestan más de USD 60.000 y cuyos propietarios pagarían sin protesta.

Cierto es, quienes tienen carros de ese precio más bien estarán satisfechos porque la súper volverá a los 92 octanos, de los que había bajado a 90 tras la fracasada repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Pero los carros de más de USD 60.000 son pocos; si los demás usuarios de súper cambian a ecopaís, la reducción neta en el subsidio será bastante inferior a los USD 100 millones estimados.

El Gobierno ofrece incrementar el Bono de Desarrollo Humano y ampliar su cobertura a un millón de beneficiarios; el ministro Martínez estima que el costo solo aumentará en USD 100 millones. El alza de la súper en el mejor de los casos permite cubrir el aumento del bono. Los ricos pagarán el incremento y la ampliación del subsidio a los pobres: suena bonito. Pero no hay disminución del gasto público.

Las autoridades estiman la reducción global del gasto público en USD 1.000 millones: la mitad por menor inversión y con las medidas USD 500 millones de gasto corriente en lo que queda del año. ¿Será posible, mediante la venta de vehículos y la optimización de empresas públicas? La reducción de entidades públicas solo disminuirá 900 empleados.

El ahorro tendría que venir de acciones no anunciadas. Hay 70.000 empleados públicos con contratos ocasionales, de los que 30.000 ya expiraron. Si no se renuevan, se frena el alza de la masa salarial del Gobierno.

La medida más expedita para bajar el gasto es el precio de los demás combustibles, que se tocaría dentro de 90 días luego de un diálogo nacional, cuyos resultados son previsibles: la ciudadanía se pronunciará contra el alza. Ante esta comprensible renuencia, en esta columna habíamos sugerido alzas leves pero sucesivas, para dar la oportunidad a los ciudadanos de irse adaptando.

Esperemos que este conjunto de medidas convenza a los mercados financieros de que vamos por buen camino. El Gobierno seguirá necesitando crédito y requiere que los mercados se abran, de lo contrario no podrá ni pagar sueldos. Ante esa dificultad extrema, tendría que recurrir al Fondo Monetario y adoptar medidas drásticas. El ajuste vendría de sopetón. (O)