Ahora ya tenemos nuevos dignatarios en el Consejo de la Judicatura y les corresponde corregir errores cometidos por exfuncionarios de esa entidad, nombrados en el régimen anterior que, sobre todo, en Guayaquil ocasionaron un entorpecimiento del ejercicio profesional a abogados y perjuicio a usuarios.

Considero cinco puntos primordiales corregir: unificación de las unidades judiciales que las dejaron dispersadas, que lo hagan en un solo sector, sea en el centro de la ciudad, la ciudadela Florida, el sur, o en el norte en el edificio del Albán Borja; pues como están ahora, causa dificultad trasladarse de un sector a otro después de perder tiempo esperando que lo atiendan en los turnos generales. Que se creen turnos y módulos para la atención solo a abogados y no mezclar con los turnos para usuarios. Para evitar que los abogados vayamos a perder tiempo y hacer perder tiempo a funcionarios judiciales, deben escanear los escritos, informes y oficios a las contrapartes para que también aparezcan en el sistema, y no tener que movilizarnos muchas distancias para conocer el contenido de un oficio, en algunos casos de apenas cuatro líneas. Reformar las contradictorias disposiciones legales con las cuales se ha facultado a las madres demandar solo llenando un formulario sin necesidad del patrocinio de un abogado; en tal situación mientras se tramita para calificar su demanda y ordenar que se cite al demandado, ellas no entienden las órdenes de cumplir disposiciones legales contestando ya no en formularios sino con escritos, que requieren del auxilio de abogados, y más todavía cuando las audiencias deben acompañarse de un abogado de su confianza; ¿pueden o no pueden actuar con un abogado durante todo el proceso? Revisar las actuaciones de jueces que pretendiendo de “muy legalistas”, atentan contra la tutela judicial, por ejemplo pidiendo a las madres que demandan pensiones alimenticias para sus hijos, que expliquen por qué no han podido conseguir las certificaciones de entidades públicas que requieren para justificar las circunstancias económicas de los demandados; cuando todos conocemos que ni a los abogados nos extienden certificaciones si no es mediante una orden judicial, pero para esos jueces lo más fácil es ordenar el archivo de la demanda, olvidándose del interés superior de los niños, que establece la Constitución.

Alicia Orrala Cabezas, abogada, Guayaquil