Ningún viso de injerencia en la justicia se puede volver a admitir. En el Consejo de la Judicatura transitorio (CJ), que sustituye al cesado en junio y que estará en funciones mientras se nombra a los vocales definitivos, se han realizado la denuncia oportuna y la explicación pertinente ante un hecho que podría malinterpretarse.

El envío de dos oficios que hizo Aquiles Rigaíl, presidente (e) del CJ transitorio, uno a un fiscal del Guayas y otro a un juez de Pichincha, generó críticas por parte de sus colegas vocales por considerar que el envío de cartas a jueces o a fiscales es una injerencia en la justicia. Rigaíl explicó que solo buscaba información sobre actuaciones que le llamaron la atención y que lo hizo conforme a las facultades que le otorgan al CJ la Constitución y el Código de la Función Judicial para “vigilar y controlar ciertas cuestiones”.

Las discrepancias surgidas entre los vocales del organismo rector de la Función Judicial son válidas por cuanto tienden a la necesaria y ansiada independencia judicial de los funcionarios, un tema que no debe admitir la menor sombra de duda. (O)