El mes pasado el IESS cumplió 48 años de vida institucional. Con este motivo en el artículo anterior escribí sobre el riesgo que significaba dejar los ahorros jubilares en manos de un contratante (el IESS) que pueda cambiar los términos del contrato a voluntad, sin que usted pueda detenerlo ni realizar ningún cambio por su cuenta.

Se sabe que eventualmente el IESS no tendrá para pagar las pensiones que se les prometieron a todos sus afiliados cuando se jubilen. Pero no se ha discutido lo suficiente acerca de la irresponsabilidad de quienes defienden un sistema en el que las promesas superan con creces el dinero destinado a cumplir esas promesas. Además, quienes defienden este esquema piramidal no hacen más que satanizar y tildar todas las alternativas como ‘riesgosas’.

Cuando se creó este sistema hace 48 años se lo vendió al público como un plan de seguro, pero las personas que tienen seguro deberían estar financiando sus propios beneficios, no dependiendo de la próxima generación para cuidar de ellos. A diferencia de un sistema público, el privado da a los jubilados derechos de propiedad claramente definidos en sus beneficios. Los ancianos pueden hacer retiros programados de sus cuentas, dejando dinero a sus herederos si mueren antes de cumplir su expectativa de vida. Por el contrario, el sistema de seguridad social público no otorga tales derechos al dinero que los trabajadores están obligados a pagar por su jubilación.

Con respecto a la riqueza de un país, la distinción crucial entre la seguridad social tal como está ahora y un sistema reformado que permitiría a los jóvenes a poner parte de su dinero de jubilación en el sector privado es que el sector privado utiliza ese dinero para aumentar la riqueza real total del país. Tal como está hoy, la seguridad social no agrega un centavo a la riqueza real del país. Las pensiones privadas se financian invirtiendo el dinero que ingresa, de modo que los activos estarán allí cuando llegue el momento de la jubilación.

La verdadera riqueza del país consiste en proveer bienes y servicios. Cuando estos incrementan, el país pone a disposición de la gente cosas útiles. Eso es lo que ocurre cuando los fondos privados de pensiones se invierten en activos tangibles, como edificios y fábricas, y lo que no sucede cuando el Gobierno administra la seguridad social y gasta el dinero en cuanto llega al IESS.

Finalmente tenemos el argumento macroeconómico. El sistema público de pensiones tiene un impacto negativo en los mercados laborales y el ahorro porque los fondos se gastan de inmediato, en lugar de invertirse, y las contribuciones a la nómina equivalen a un impuesto sobre la contratación de mano de obra. La transición a un sistema privatizado no implica nuevos costos para el Gobierno o la economía. De hecho, haría explícito un pasivo no financiado y obligaría a los encargados a formular políticas para encontrar la manera de pagar las promesas hechas mientras se genera la riqueza mencionada para la economía.

Sin duda, cuando se privatice la seguridad social y el dinero que aportan les pertenezca a los jubilados, habrá menos riesgo y más riqueza real. (O)