Nuevamente se conmociona la opinión agraria nacional al conocerse los detalles de un proyecto de ley que cursa en la comisión específica de la Asamblea Nacional, que en su artículo No. 22 crea un ente con el sugestivo nombre de Instituto Público de Investigación Agropecuaria, IPIA, con sede principal en la ciudad de Yaguachi, en la provincia del Guayas, que reemplazaría al actual Iniap, cuya partida de defunción tendría por fecha el día de publicación en el Registro Oficial de la ley que se tramita. Hemos expresado críticas constructivas respecto de la administración del Instituto, así como con los ridículos recursos que se le asignan, además de su nociva utilización en afanes políticos distantes de su esencia; pero jamás hemos de compartir su eliminación a favor del surgimiento de otro organismo burocrático que simplemente cambia de nombre y mueve su sede histórica, manteniendo las terribles debilidades que debieron ser superadas por el anterior y actual régimen, en el convencimiento de que la investigación agraria es la base del desarrollo agropecuario, fundamental para incrementar la producción agroalimentaria y forestal y abatir los bajos rendimientos típicos de los cultivos y ganaderías nacionales.

Los protagonistas del sector coinciden en que el grave problema de la investigación agropecuaria nacional obedece al escaso financiamiento, un mal consuetudinario e incurable, pues apenas se destina a ella el 0,18% del PIB agrícola, cuando debería ser cuando mínimo el 1%, conforme la opinión de organismos internacionales no gubernamentales, aserto aplicable también a los aportes privados al mismo fin, no lucrativos, solo destacable el que realizan los ingenios azucareros con su Centro de Investigación de la Caña de Azúcar, Cincae. El Instituto Público de Investigaciones Agropecuarias, IPIA, irrumpiría desde su nacimiento con el mismo estigma, porque en materia presupuestaria el proyecto conceptúa de manera general que constarán asignaciones presupuestarias estatales con incrementos sustanciales anuales, sin precisarlos, a favor de todas las entidades que realizan investigación y de allí se destinarán “fondos exclusivamente para la generación de conocimientos agropecuarios” (artículo 74).

Sabemos de la rectitud y compromiso con la agricultura que anima a los miembros de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, independientemente del matiz político de sus bancadas, tenemos la confianza de que antes de disponer la sepultura del Iniap lo someterán a una evaluación estricta y proyección futura acorde con los tiempos, que tome en cuenta sus logros históricos como la entrega a los agricultores de múltiples variedades mejoradas de distintos cultivos que determinaron un incremento substancial de productividad en los últimos veinte años, a un costo muy bajo pero con una tasa de retorno superior a cualquier otro plan público y privado.

Lo recomendable sería introducir reformas ambiciosas a la actual ley del Iniap, que le dé la holgura económica que necesita, le devuelva su autonomía técnica y científica de manera real y efectiva, preservándolo de los vaivenes políticos, constituir una junta directiva con delegados de agricultores y de los centros académicos, otorgarle en definitiva la centralidad y protagonismo de la investigación agropecuaria que le corresponde, incorporando modernas herramientas biotecnológicas e informáticas sustentadas en una planificación estratégica exponencial de audaces y rápidos resultados. (O)