Por más de cuarenta años me desenvolví como profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil, hasta que en marzo del 2017 se me aplicó la funesta figura del retiro obligatorio, contemplada en el Reglamento de Escalafón Docente emitido por el Consejo de Educación Superior (CES).

Hoy, un año y medio después de mi salida de aquel lugar, al que le dediqué largas horas de mi vida formando a más de cuatro mil profesionales, lo único cierto es que la ingratitud es la moneda de curso con la que se retribuye a quienes lo han dado todo por esa institución.

Pese a las ingentes sumas de dinero que el Gobierno Central ha anunciado que se destinarán a cubrir estas compensaciones, resulta que la Universidad de Guayaquil no puede realizar las liquidaciones luego de transcurrido un año y cuatro meses desde mi notificación, debido a que el Consejo Universitario no se reúne para determinar la metodología de liquidación.

Entre tanto, aquellos que por años dimos prestigio a esa casa de estudios debemos esperar a que una administración inoperante se digne a reunirse para determinar el futuro de cientos de familias, cuyo único error fue servir al precitado centro de estudios. Solicito al Gobierno Central que a través del CES o del Ministerio de Trabajo emprendan las acciones y sanciones necesarias respecto a este atropello.(O)

Nino Antonio Cassanello Layana, doctor, Guayaquil