Según argumenta el especialista en derechos humanos residente en Hungría, eventual representante de los intereses jurídicos del expresidente Rafael Correa, se ha filtrado el alegato que preparó para presentarlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, solicitando medidas cautelares ante la ratificación de la orden de prisión preventiva basada en indicios de su participación en el secuestro del excolaborador presidencial y exasambleísta Fernando Balda.

La lectura del extenso documento filtrado (y no por ello me encuentro imposibilitado de referirlo) me invitó a escribir las siguientes notas desde la perspectiva del sentido público. Estos párrafos tienen, de forma no exclusiva, alguna referencia a la legalidad. Pero fundamentalmente se asientan en la legitimidad, esto es, en la aceptación de la ciudadanía y del público, la que puede ser construida o deviene de antecedentes históricos, los que han comenzado a pesar sobre la cabeza y las emociones de los ecuatorianos. Es hora de evitar que la repetición de la realidad se vuelva tragedia estimulada por una mímica jurídica que actúa a espaldas del pasado gubernamental autoritario.

La opinión pública no debe ser la base del ejercicio de la justicia, menos aún en cada caso particular. Como lo fue para los estrategas políticos de la década perdida. Es comentario generalizado que entonces se adoptaron estrategias jurídicas, cuando no sentencias, basados en encuestas y sentidos comunes moldeables, que daban apariencia jurídica y sentido de justeza, a lo que fue solo una manipulación.

Estas notas no pertenecen a aquellas prácticas. Apelo al sentido público desde otro sentido de la justicia. La justicia, que no es un fenómeno “natural” e “inmutable” sino una construcción histórica acerca de lo que es el bien común, tiene un carácter móvil sin que sea oportunista. Es un decantado social ligado a la época, que debe preceder y ser independiente de la ocurrencia de los hechos juzgados. Porque la justicia se asienta en metas alcanzables y aspiradas, es que no es un tema exclusivo de abogados sino de toda la ciudadanía y fundamentalmente de la democracia.

El alegato que comento quiere probar que la justicia ecuatoriana pretende irrogar daños irreparables a los derechos humanos del expresidente Correa, argumentando que las funciones del Estado, ahora, no tendrían independencia ya que las decisiones del Ejecutivo pretenden eliminarlo de la escena política. Detrás de esta argumentación está una tímida insinuación por asimilar el fuero de Corte del expresidente a una permanente inmunidad. Concluye que la falta de motivación en las piezas procesales viola la cadena de los derechos humanos de Correa.

El alegato es una suma de bien hilvanados argumentos procedimentales que tratan de llenar la retina del lector con una pretendida invalidación de todo el proceso y la invocación a que Correa sea revestido de medidas cautelares. Es decir, que prevean el daño que se le pueda irrogar a un inocente jurídico, que se sabe a sí mismo –por su propia boca– un responsable y posible culpable político… como si la ley y la política perteneciesen a mundos desconectados relativos a un pueblo abstracto.

(Peor aún. El alegato por los derechos humanos de Correa a ratos se parece a la defensa por los derechos del Estado, esa figura insólita que creó el régimen pasado para imponer los derechos de esa supuesta encarnación del bien común contra los ciudadanos que habríamos representado el bienestar particular sea como sociedad o como mercado).

Primero, lo primero. El ciudadano Correa tiene de todas formas y pese al pasado inmediato, todos los derechos humanos y garantías para su ejercicio. Lo defenderé personalmente. Y lo haremos todos los ecuatorianos demócratas. El derecho a uno o varios juicios justos y a una condena o condenas justas. Producto de un sistema judicial independiente, como el que empieza a avizorarse para nuestra patria. Quienes lo juzgan son jueces nacionales nombrados bajo procedimientos supervisados, formal o informalmente, legal o ilegalmente, por el mismo expresidente Correa. Que tratarían de reencontrar una ruta para asociar justicia y democracia. Que tratarían de representar a la nación en la búsqueda de justicia. Solamente la práctica futura nos lo dirá.

El alegato finge no saber de qué se acusa al expresidente y consiguientemente en el desconocimiento finge la inexistencia de los delitos.

El alegato es, desde mi punto de vista, una relación entre argumentos que buscan simular a la “realidad real” para convertirla en una realidad jurídica y otra cantidad de hechos que tratan de disimular a la “realidad real” para volverla en una realidad construida. Me explico:

La reconstrucción simulada de los procedimientos –una verbalización que conduce a que se crea como cierto lo que no se produjo– trata, palabras más retruécanos menos, de inducir a que un procedimiento aparentemente imperfecto sea la vía o el sinónimo de derechos conculcados, finalmente, el camino de un reo potencial hacia la inocencia.

El disimulo, la segunda estrategia de vínculo del alegato con la realidad, consiste en el encubrimiento astuto del o los delitos en la forma. El alegato finge no saber de qué se acusa al expresidente y consiguientemente en el desconocimiento finge la inexistencia de los delitos. Configura, de este modo, el tablado para que el probable autor de crímenes de Estado –porque fueron cometidos aparentemente con objetivos protervos del régimen utilizando instrumentos gubernamentales– aparezca rodeado de la santidad de la posverdad que construyó durante una década.

Dicho rápido, el alegato convierte a la simulación de las formas, en extraordinariamente hábiles disimulos de los delitos cuya mención obvia.

¿Qué no se dice en el alegato? ¿Qué se omite para darle fuerza al argumento? Que Ecuador vive una forma de transición para restablecer el funcionamiento de instituciones por fuera del autoritarismo, cuyo autor principal fue el expresidente Correa. Que la actuación de las instituciones para la transición se encuentra respaldada en un fuerte mandato popular que impulsa el restablecimiento progresivo del estado de derecho en el Ecuador. Que deben explicarnos a los ecuatorianos muchas transgresiones a los derechos humanos que las sufrimos colectiva y personalmente.

Para finalizar, un tema de fondo. La coherencia de la ética surgida del cinismo. Correa trabajó activamente para desinstitucionalizar a la CIDH e impedir que cumpla sus roles en la lucha por la libertad de expresión en Ecuador y en la región. Se proclamó adicto a la Corte, a la que trató de cooptar. Luchó denodadamente para eliminar a la CIDH, la que y finalmente, con complicidades internas y externas a la misma OEA, debió rebajar algunas de sus capacidades. Ahora Correa acude devotamente y con obscenidad a ella para pedirle que le cuide. Que le resguarde. Que le proteja. Esta manifiesta incoherencia no exime que la CIDH cumpla con su papel en justicia. Es una necesidad del derecho internacional, de nuestra convivencia democrática. Nuestra necesidad, nacional e internacional, es ética. Es decir, no podemos dejar a los valores democráticos subordinados a la simulación de los procedimientos y al disimulo de los hechos en los alegatos.

La perspectiva de América Latina es hoy, justamente, cimentar espacios jurídicos para impedir la impunidad de las diversas formas de corrupción y autoritarismo. Tarea larga, difícil, sinuosa. Pero necesaria y posible. Por la justicia. Por la democracia. (O)