La misión del FMI que nos visitó pronostica el enfriamiento de la economía ecuatoriana. El ajuste necesario para reducir el tamaño del Estado y equilibrar las finanzas públicas compromete, inevitablemente, la expectativa de crecimiento en 2018.

La buena noticia es que las cuentas primarias, en mayo y junio, que solo consideran la relación de ingresos versus gastos, sin contabilizar la amortización de capital y pago de intereses de la deuda interna y externa, fueron superavitarias por primera vez en bastante tiempo. Revela que al fin se está pasando del discurso a la acción.

El año cerrará con déficit fiscal y se necesitará financiamiento adicional de, por lo menos, cuatro mil millones de dólares; pero al fin se vislumbra un compromiso político de ir poniendo las cuentas en orden, luego del frenesí dilapidador del correísmo.

El momento para acudir al mercado internacional de capitales es complicado, toda vez que ha perdido el apetito por los bonos de países emergentes ante la subida de intereses de los títulos de la Reserva Federal, así como la incertidumbre que genera la guerra comercial de Estados Unidos con China. Estos factores vienen incidiendo en el repunte alcista del riesgo-país de la región y el Ecuador, en particular.

El plan de ajuste del Ministerio de Economía y Finanzas prevé una reducción del gasto de capital (inversión) por 1.290 millones de dólares, en compras de bienes y servicios 480 millones y en sueldos y salarios otros 164 millones. Respecto a esto último, queda mucho por recortar considerando que la masa salarial del sector público bordea los 10.000 millones de dólares anuales.

Se estima que hay cerca de medio millón de funcionarios y empleados, de los cuales 140.000 tienen contratos a plazo fijo, que irán venciendo en el curso de este año y el próximo; sin afectar la prestación de servicios básicos de educación, salud y seguridad, tocará irlos desmochando, poniendo fin al aberrante clientelismo de la década perdida.

El acuerdo del Ministerio del Trabajo congelando la contratación pública es un buen paso para frenar tanto abuso que se continuaba dando, por ejemplo, con el enrolamiento de una infinidad de asesores en sinnúmero de dependencias estatales.

Ante el ineludible recorte presupuestario, la estrategia apunta a reemplazar la falta de inversión pública por la privada, procurando generar un ambiente de confianza y los estímulos necesarios.

De ahí el proyecto de Ley de Fomento Productivo, cuyo veto parcial del Ejecutivo viene procesando la Legislatura. En lo sustancial recoge mucha de las reivindicaciones del sector empresarial, cuya opinión se mantuvo constantemente desatendida por los prejuicios ideológicos de la Revolución Ciudadana.

El anticipo del impuesto a la renta como impuesto mínimo queda reformulado y sujeto a crédito tributario a partir de 2019. El ISD es reconocido como un impuesto regresivo en dolarización, comprometiendo su desmontaje en el tiempo, en la medida que las condiciones económicas lo permitan. El impuesto a la transacción de acciones en el mercado de valores se reduce de 35% a una escala que fluctúa entre 0 y 10%, dependiendo del monto. Las nuevas inversiones en industrias básicas, sectores priorizados, agroindustriales y agroasociativos se benefician de exenciones al impuesto a la renta por largos periodos, que se extienden en zonas de frontera y deprimidas.

Como conjunto, la Ley marca un punto de quiebre en la gestión económica y en el modelo de desarrollo del país, fortaleciendo su capacidad de enfrentar la crisis con mayores posibilidades de éxito.(O)