Cuando vamos con retraso a una reunión o evento, es muy probable que todos, en algún momento de nuestras vidas, hayamos tenido que decidir rápidamente si dejar nuestro carro en un estacionamiento o correr el riesgo de ser multado por estacionarlo en un espacio prohibido. En esta situación, nuestra mente es racional y calcula la probabilidad de ser multado y el costo de la infracción, frente al tiempo y costo de dejar nuestro carro en el estacionamiento. En varios países es hasta entendible que muchos conductores tomen tales riesgos y cometan infracciones de tránsito, pues estos conocen que la probabilidad de ser sancionados es muy baja.

Por el lado opuesto, la autoridad pública realiza un análisis similar para controlar la situación. Con base en estimaciones y estudios sobre el comportamiento de los conductores, deciden la frecuencia de inspecciones a vehículos estacionados y el valor económico de las multas. Lo difícil es encontrar el punto medio y la conducta óptima de todos los partícipes.

Entender los crímenes aplicando teorías económicas no es nuevo. Gary Becker, ganador del Premio Nobel de Economía, presentó un argumento en el sentido de que todos los delitos son económicos y todos los criminales son racionales. Su argumento es muy claro: los posibles criminales hacen una evaluación de costo-beneficio de las posibles recompensas de violar la ley contra la probabilidad de ser atrapado y castigado.

Esta teoría es sumamente práctica al momento de estudiar los fenómenos sociales relacionados con la economía y el crimen. Los estados que tienen deficientes sistemas económicos, judiciales, políticos y sociales suelen tener una brecha muy amplia en la desigualdad de ingresos y esto tiene una fuerte y directa relación con el crimen. Becker lo consideró y, recientemente, una encuesta de Gallup confirmó, entre algunas cosas, que en América Latina hay mayores índices de criminalidad debido a las palpables diferencias entre los más pobres y más ricos.

Estos argumentos podrían inclinarse más ante delitos y criminales armados que hurtan, extorsionan o secuestran, pero la realidad demuestra que la teoría económica del crimen debe aplicarse también a los delitos empresariales y delitos contra la actividad pública. No puede ser que para un político o empresario sea de mayor beneficio (moral, judicial ni económico) robar.

Pienso que es fácil concluir que el objetivo, luego de entender la economía detrás del crimen, es de reducir el beneficio esperado de delinquir a través del aumento de la probabilidad de ser condenado. Lo cierto es que tal incremento en las posibilidades de ser castigado tiene su costo para el Estado. No se trata únicamente de agrandar el control y vigilancia sobre los ciudadanos, sino de cambiar la cultura y el comportamiento de las personas con otros mecanismos; por ejemplo, mejorando la educación, brindando mejores servicios sociales o planteando mayores incentivos por el cumplimiento de la ley.

El problema de las leyes en nuestro país es, en muchos aspectos, la falta de asignación óptima de recursos, lo cual dificulta lograr los resultados esperados. La cultura jurídica y legislativa debe acercarse e ir de la mano con la economía. (O)