Por haber sido vinculado al “Caso Balda” y por la disposición de la jueza de presentarse ante su autoridad cada quince días, empezando el próximo 2 de julio, el expresidente Correa manifestó que considera pedir asilo a Bélgica, porque tiene miedo de ser arrestado si viene al Ecuador. Recordemos un hecho histórico-político y presentemos algunas inquietudes legales sobre asilo y extradición.

En la tercera administración del doctor Velasco Ibarra (1952-1956), durante manifestaciones estudiantiles, lamentablemente falleció, por impacto de bala, el estudiante Isidro Guerrero, del colegio Montalvo. Como el presidente estuvo próximo al fatal acontecimiento, varios le imputaron responsabilidad por dicha muerte. Más tarde, en 1957, cuando Velasco residía en Uruguay, se lo acusó formalmente. La reacción del expresidente fue instantánea: pidió defender su honor ante el Congreso Nacional y regresó de inmediato al Ecuador. El Congreso decidió archivar el caso. El honor de Velasco Ibarra quedó incólume. Velasco pensó solamente en su honor ante la historia y no tuvo miedo de comparecer a defenderse.

De no comparecer Correa, de disponerse su prisión preventiva, y él pedir y obtener asilo, deberá seguirse un proceso de extradición, observando rigurosamente normas de derecho local e internacional; desde ya debería contratarse asesoramiento legal de prestigiosos abogados belgas. Debe procederse, de manera similar, en el caso del asilado en España. Creo que muchos de los procesos de extradición seguidos por el Ecuador han fracasado por fallas locales, unas por ignorancia y otras por sabotajes internos. Todo lo que se diga y haga ahora puede tener graves repercusiones más adelante. Me preocupa mucho cuando en este y otros casos, como el del asesinato del general Gabela, se habla de crímenes de Estado. Creo que es preferible hablar de crímenes cometidos por personas, aun cuando hayan estado ejerciendo funciones públicas, porque la primera defensa se basará en la inmunidad por ser exjefe de Estado. Este reclamo fue el primero, entre varios, interpuesto por el general Pinochet cuando, en 1998, fue arrestado en Londres, por solicitud de extradición de España. Los análisis de la Cámara de los Lores tuvieron trascendencia internacional, particularmente en materias como inmunidad, extradición, relevantes para nuestro caso. Por efectos de las actuales doctrinas sobre derechos humanos, la inmunidad en razón del cargo desempeñado ha perdido mucho de su antigua fuerza. Así, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, vigente desde 2002, de la cual somos parte 123 países, incluidos Ecuador, Bélgica, España, en su artículo 27, establece que este Estatuto se aplicará por igual a toda persona, sin distinción de su calidad oficial, aun de jefes de Estado o Gobierno.

Presenciamos el caso patético de un expresidente que, por miedo confesado, se niega a comparecer ante las cortes que él mismo reorganizó y utilizó para perseguir a sus adversarios y obtener de ellos, además, jugosas indemnizaciones monetarias; que ignoró el dolor de tantos hogares. Pretende acogerse a la institución del asilo que varias veces impugnó para ejercitar sus venganzas, inclusive sobre su opositor el diputado Lara quien, injustamente, todavía está en la cárcel. ¡En el peligro se prueba la valentía! (O)