En un duro informe, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció, el viernes, que múltiples abusos y violaciones de derechos humanos se han cometido en Venezuela durante las recientes protestas antigubernamentales, lo que demuestra la “existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”.

Entre julio del 2015 y marzo del 2017, fueron investigados 357 agentes de las fuerzas de seguridad de Venezuela por la muerte de 505 personas en supuestas operaciones de allanamiento en los barrios. La fiscal general, que era crítica de Maduro, fue reemplazada en agosto y no se ha publicado más información sobre las investigaciones en relación con esos homicidios; aparentemente han desaparecido las pruebas del archivo.

El alto comisionado, Zeid Ra’ad al Hussein, pidió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que establezca una comisión de investigación del más alto nivel para Venezuela y recomendó que la Corte Penal Internacional se “implique” más en los casos de abusos donde no hay respuesta del Estado.

Mientras el Gobierno venezolano sigue negando la crisis y los ciudadanos desesperados se ocupan en sobrevivir, la restauración de la democracia en ese país se vislumbra lejana. (O)