Con las declaraciones del perito argentino Roberto Meza, quien fue contratado en el 2012 por el Estado para investigar la muerte del general de la FAE Jorge Gabela, ocurrida en el 2010, pareciera no haber manera de evitar que caiga el velo que cubre las motivaciones y a los autores del hecho que la viuda de Gabela señala como “delito de Estado”.

La semana pasada, Jéssica Jaramillo, excoordinadora jurídica del Ministerio de Justicia, denunció en rueda de prensa haber sido notificada por la Contraloría por “haber pagado por un producto que no existe”, en relación al tercer informe del perito argentino que no aparece.

Meza detalló las condiciones del contrato que firmó y las fechas en las que entregó los tres productos: (1) plan de trabajo, el 11 de diciembre de 2012; (2) informe que determina que la muerte no se debió a delincuencia común, entregado el 15 de mayo de 2013; y (3) informe que fundamenta cuáles eran los móviles y cuáles serían los autores intelectuales de este caso, entregado el 8 de julio de 2013, en manos del presidente del comité interinstitucional de ese entonces, Lenín Lara.

Meza asegura que ese informe final se encuentra desaparecido y que los documentos que reposan en la Fiscalía, entregados por el Ministerio de Justicia, no son de su autoría. Este caso permitirá comprobar si la justicia está de vuelta. (O)