El viernes, empresarios ecuatorianos se comprometieron con el presidente Moreno a invertir USD 6.000 millones en los próximos tres años: lo que resta del actual periodo presidencial.

El monto no es un estimado global sino el acumulado de la inversión en numerosos proyectos individuales.

Esto es fruto tanto del esfuerzo del ministro Campana, quien insistió a los empresarios para que hicieran tal compromiso, como de los empresarios mismos, quienes sienten que deben ser consecuentes con un Gobierno que de manera inesperada ha mejorado sensiblemente el clima para la inversión.

Esta es la inversión que más cuenta, puesto que los empresarios traerán dinero del exterior, sea propio, o porque los equipos vienen con financiamiento de los fabricantes. Significa un ingreso de divisas, lo que mejora la balanza de pagos, muy deteriorada por el creciente costo de servir la elevada y costosa deuda pública.

La construcción de nuevas instalaciones o maquinaria generará subcontratos con otras empresas y fuentes de trabajo. La mayor producción, una vez terminada la obra, requerirá más mano de obra.

Esta inversión es particularmente importante ahora, que cae la inversión pública. Según cálculos del Observatorio de la Política Fiscal, en enero-mayo la inversión pública fue de USD 2.243 millones, una reducción de un tercio de lo que fue el mismo periodo del año anterior.

Lo que sucede es que el Gobierno se compromete a que en tres años no necesitará más financiamiento que el necesario para pagar capital e intereses. Por lo que tiene que reducir costos y aumentar ingresos, lo cual significa más impuestos.

Lo anterior va a traer como consecuencia la contracción de la economía. De ahí que el Banco Mundial pronostique que cada año hasta 2021 la economía crecerá menos que el anterior, y que para 2021 el crecimiento será de solo 0,9%. La inversión privada contrarresta esta contracción. A mayor inversión, menos costoso el ajuste.

Otra fuente de inversión es la minera, que el ministro Pérez García estima en USD 3.000 millones. Pero esta inversión peligra: la primera mina en entrar en producción, Río Blanco, de mediana minería en Azuay, propiedad de Junefield, empresa minera privada china, fue quemada por activistas, robada la dinamita de la bodega, los perpetradores libres, y hoy un juez paraliza su trabajo por no haber realizado consulta con las comunidades ancestrales de la localidad, cuando ahí no hay indígenas.

Adicionalmente en el informe para primer debate de la Ley de Fomento no se acogió la propuesta del Ejecutivo de eliminar el impuesto a las ganancias extraordinarias, impuesto inexistente en otras jurisdicciones mineras, y que torna excesivo al tratamiento tributario nacional.

A menor inversión minera, mayor el riesgo de que el ajuste venga con recesión.

El Gobierno anterior buscó que la inversión extranjera se enfocara en macroproyectos: Refinería del Pacífico, petroquímica, una extrusora de aluminio, altos hornos para producir acero: mucho capital, poca mano de obra, y de excesivo tamaño para el mercado interno. Se esperaban fábricas de última tecnología en Yachay: anunciaron que Tesla produciría vehículos eléctricos.

Luego de una década, ninguno de esos proyectos se concreta. Se desestimó la inversión de empresarios nacionales y de empresas extranjeras ya en el país. Hoy se la acoge.

(O)