En días pasados, el Gobierno ecuatoriano propuso ante la OEA que se celebre una consulta popular en Venezuela con el objetivo de que el pueblo refrende los resultados del dudoso proceso electoral que permitió a Nicolás Maduro ser electo nuevamente presidente o, en su lugar, decida convocar a nuevas elecciones, toda vez que se asegura que el Gobierno ecuatoriano no puede permanecer impávido ante la situación social, económica y política de Venezuela, la cual se ha tornado ‘insoportable’ para sus ciudadanos.

Como ya se ha mencionado en ocasiones anteriores, parece ser que el régimen ecuatoriano empieza a marcar una ruta de distanciamiento respecto del atroz gobierno de Maduro, no con la celeridad y contundencia que demandan las circunstancias, pero al menos evidenciando un cambio importante en la posición ecuatoriana respecto de la situación en Venezuela. Solo la mención de la ‘insoportable’ situación por la que atraviesan los venezolanos constituye una degradación de todos los elogios, loas y alabanzas con los que de manera impúdica el régimen anterior convirtió al proceso político de Chávez y Maduro en un referente histórico para la región; sin embargo, hay que señalar que la propuesta de una consulta popular en Venezuela puede terminar convirtiéndose en una sugerencia lírica, pues resulta por demás previsible que Maduro jamás aceptaría una vía electoral en dicho sentido.

La propuesta de una consulta popular en Venezuela puede terminar convirtiéndose en una sugerencia lírica, pues resulta por demás previsible que Maduro jamás aceptaría una vía electoral en dicho sentido.

Aún más, en el evento improbable que el Gobierno venezolano acepte la consulta popular como una opción válida para legitimar los resultados electorales, el manejo de dicho proceso estaría sujeto a la corrupta estructura electoral, de la cual se han valido para legitimar victorias a costa de cualquier fraude y persecución a los adversarios políticos. En otras palabras, por más que la propuesta del Gobierno ecuatoriano mencione que la consulta debería brindar todas las garantías de transparencia y participación, con total apertura a la vigilancia de la sociedad civil y de organismos internacionales, no cabe la más mínima duda de que la voluntad popular de Venezuela sería torcida, de cualquier forma y manera, “votos o balas”, como llegó en su momento a insinuar Maduro en su despropósito de consolidar su decadente e insultante proyecto.

Es por eso que más allá de la retórica o del libreto para el adorno diplomático (costumbre de la canciller), el Gobierno ecuatoriano, y específicamente Lenín Moreno, se debe convencer de que, por principios y ética política, no es posible seguir solapando la desventura venezolana, asumiendo una posición inclaudicable que permita votar sobre la suspensión de Venezuela como país miembro de la OEA en la próxima asamblea extraordinaria que se convoque para el efecto. No es gran cosa, pero ayuda. (O)