Los disturbios ocurridos en estos días en varios centros penitenciarios del país dan cuenta de que subsisten falencias en su administración.

El martes, el enfrentamiento entre bandas en el centro de rehabilitación de Esmeraldas dejó 3 muertos y 33 heridos. El Ministerio de Justicia trasladó 174 detenidos a otros centros penitenciarios y anunció el cambio de la directora de esa cárcel, en la que se estima que hay 1.400 presos, cuando su capacidad era de 700 hasta el 2014.

También el martes, en el Centro de Rehabilitación de Latacunga, los detenidos se amotinaron al enterarse de que se iban a activar los inhibidores de señal de celulares; se registraron daños materiales y la muerte de uno de ellos.

El sábado anterior hubo una riña entre supuestos integrantes de la banda de los Latin King y Los Quevedeños en el Centro de Rehabilitación Social de Bellavista, en Santo Domingo de los Tsáchilas. El resultado fue de un muerto y once heridos.

Debido a que aún no se logra un eficiente control en el interior de las cárceles para evitar el consumo de drogas, porte de armas y celulares y las disputas entre bandas por el control de los pabellones, cabe auditar la gestión emprendida en estos centros desde 2010 por el Ministerio de Justicia.(O)