La sorprendente revelación del presidente Lenín Moreno, ante un importantísima televisora internacional, de que la decisión de dar la nacionalidad ecuatoriana a Assange no fue suya, fue de su canciller, y no fue la más adecuada, pero que la respeta, nos presenta el caso lamentable de que el presidente decidió no decidir y no conducir la política internacional en este delicado asunto. Un presidente no puede respetar lo inadecuado; solamente debe respetar lo adecuado, es decir, lo conveniente, lo útil, lo que es conforme con el interés del país; debe derogar o anular lo inadecuado, y establecer la responsabilidad de los autores. Esa es su obligación. Esta insólita admisión –no recuerdo algo así en nuestra historia– tiene, al menos, el lado positivo de que al presidente se le facilita el revocarla y, mejor todavía, anularla, porque se la otorgó en contravención de la Constitución, las leyes y reglamentos que establecen que la condición fundamental para conceder la nacionalidad ecuatoriana a un extranjero es la de que haya prestado relevantes servicios al país; Assange no le ha servido al Ecuador, es un hacker, perseguido por la justicia, que le ha creado conflictos internacionales y lo ha llamado insignificante; en cambio, sí ha prestado servicios a Rusia, como espía, interviniendo en la campaña electoral de Estados Unidos, en el Brexit, en Cataluña. Si el presidente revisa el expediente encontrará que han prostituido nuestro sistema legal, llegando, inclusive, a dictar un protocolo fraudulento, sin ningún valor, porque este no puede modificar normas de mayor jerarquía, y se lo ha expedido con el objeto de incluir como posibles beneficiarios a asilados, aunque tengamos a uno solo en el mundo. La concesión de nacionalidad fue una viveza criolla para tratar de sorprender a una antiquísima cancillería, pero es la nuestra la que cayó en su propia trampa, porque ahora tiene de asilado a un ecuatoriano al que, por ser tal, no podría entregar, si lo quisiera.

Al presidente lo informan mal, la vida de Assange no está en peligro. Hay un Tratado europeo según el cual no se puede extraditar a una persona a países donde existe la pena de muerte, como en Estados Unidos, donde, además, no existe ningún juicio personal en su contra.

El reconocimiento del presidente de que la canciller toma decisiones independientemente, debe alarmarnos a todos. Ya hemos visto declaraciones y actitudes de la canciller que contradicen o se apartan de lo manifestado públicamente por el presidente. El presidente dice que pedirá la cooperación de Naciones Unidas para luchar contra la corrupción y la canciller no la pide, argumentando algo sin sentido sobre la soberanía nacional; el presidente dice que en Venezuela hay un exceso de muertos y de presos políticos (aunque no precisa cómo cuenta el exceso), y la Cancillería envía un oscuro, vergonzante reconocimiento del triunfo de Maduro. La canciller no condena en Nicaragua las matanzas de Ortega y su mujer, de quienes es ferviente partidaria. El Ecuador se pertenece a sí mismo, a su honor, y no debe estar de cola de gobiernos dictatoriales, ávidos de sangre, de botín. ¡La dignidad primero! (O)