Las flamantes autoridades financieras enfrentan un difícil dilema. Cómo resolver simultáneamente el insostenible déficit fiscal y recuperar el dinamismo económico, con creación de empleo y devolver la esperanza a los ecuatorianos de una mejora sostenida de su nivel de vida.

La estrategia de las autoridades correístas, que se mantuvieron hasta mediados de mayo, era tarjetear agresivamente con crédito externo y así mantener un ritmo de crecimiento tolerable. Tal como los tarjetahabientes que siguen esa estrategia, no se plantearon qué hacer cuando se secase el crédito.

Las actuales autoridades se proponen una estrategia más responsable. En el reciente proyecto de ley urgente, se autoimponen la disciplina que a futuro, los gastos (aparte del pago de intereses de la deuda) no podrán superar los ingresos.

Para ello, hay que aumentar los ingresos o reducir el gasto. Ambas medidas perjudican el crecimiento económico: aumentar los ingresos, porque es sacar plata del bolsillo de los contribuyentes; reducir gasto, porque entra menos dinero a la economía, con lo que se desacelera. Se trata de una consecuencia inconveniente, pero inescapable, ya que seguir tarjeteando, como lo saben las familias que lo han hecho, tiene consecuencias calamitosas cuando los bancos invalidan las tarjetas e inician acciones de cobro.

Las autoridades optan por reemplazar con inversión privada al gasto público financiado con deuda. Para captar esa inversión, proponen muy generosas exoneraciones de impuestos a las nuevas inversiones.

No hay soluciones fáciles. Esta medida también tiene sus inconvenientes. El Gobierno renuncia a recibir ingresos tributarios de nuevas inversiones. Los nuevos proyectos beneficiados con las exoneraciones de tributos pueden competir con ventaja con los negocios de la misma naturaleza ya existentes que sí pagan impuestos. Por último, como señala el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, para los inversionistas, si bien un tratamiento tributario ventajoso es una buena noticia, la seguridad jurídica es mucho más importante, y el daño hecho por el Gobierno anterior es tan profundo que tomará mucho tiempo restaurar la confianza.

A pesar de estas debilidades de la exoneración tributaria, creemos que es la medida correcta, puesto que sin fuerte inversión privada, la inescapable reducción del gasto público causaría una severa contracción económica.

La medida la complementa un corolario muy bien pensado: los generosos términos tributarios se ofrecen solo a los que se acojan a ellos durante los próximos 24 meses, prorrogables a 36. Si una empresa está dubitativa, diferir la inversión le sería costoso. La empresa que aspira a crecer, a ganar mercado, debe iniciar la inversión antes de mediados de 2020; si espera, le costará más. Los hoy indecisos se volcarán a invertir ahora.

Justo en esos 24 o 36 meses es cuando las autoridades tienen que hacer el mayor esfuerzo para reducir el gasto público. El empleo que requerirá la nueva inversión privada compensará la reducción de empleados redundantes del Gobierno, comenzando con los pipones disfrazados de asesores en los ministerios que el correísmo aún controla. Ya se anuncia una reducción de empleos en la Cancillería.

Las autoridades dan un paso en firme para sacarnos de la vorágine en que nos dejó inmersos el correato. El primero de una larga caminata. (O)