Como abogado vinculado a medios de comunicación y crítico de la dictadura correísta, he seguido muy de cerca su accionar encaminado a agredir y arrinconar a la prensa independiente, y muy particularmente, para aprobar y poner en vigencia la bien denominada “Ley Mordaza” y encumbrar a Carlos Ochoa al rango de verdugo mayor, entronándolo en la perversa Supercom.

He litigado en la vía administrativa y en la judicial, he visto la puesta en escena de esta estructura de persecución y humillación de todo aquel que se resistió al pensamiento único, difundido en medios incautados secuestrados, sabatinas, cadenas y publicidad oficial; también he vivido en primera persona el circo montado en la Supercom, para aparentar una suerte de tremenda corte (con las debidas disculpas a la memoria de Tres Patines y del Tremendo Juez) con la finalidad de darle algo de presentación a los impresentables juzgamientos sesgados y violatorios a derechos humanos fundamentales como el debido proceso, la seguridad jurídica y la igualdad frente a la Ley.

De modo que a mí no me deben contar lo que fue la Ley Orgánica de Comunicación ni la Supercom durante la dictadura de la revolución ciudadana; y menos, quienes en los momentos más duros de la persecución correísta, en unos casos formaban parte de su gobierno, en otros, con su voto en la Asamblea Nacional o Constituyente legitimaron sus atropellos y en otros, disfrutaban de los jugosos negocios que el despilfarro oficial permitía en el ámbito privado.

Entrando en materia, he tenido la posibilidad de revisar el proyecto reformatorio presentado por el Gobierno nacional y en general, lo veo bastante positivo, considerando que al tratarse de una Ley Orgánica para aprobarlo se requieren las dos terceras partes de los votos de la Asamblea, lo cual no será posible sin los votos del morenismo, que está integrado, en su mayoría, por excorreístas que no necesariamente creen en la libertad de expresión.

De modo que para hacerlo viable políticamente hay que procurar una reforma que corrija los principales males de la Ley actual, pues si vamos en busca de lo perfecto no tendremos reforma. Salvo que haya interesados en que el proyecto fracase (sin importarles lo que realmente necesita el país). En todo caso, lo sabremos al momento de las votaciones.

Con esa visión realista, considero que la eliminación de la Supercom, y con ella la capacidad de sanción de medios de comunicación, es un gran respiro para la libertad de expresión en el Ecuador.

A ello solo considero fundamental agregar una solución a las múltiples sanciones ya impuestas por la Supercom durante sus casi 5 años de persecución.

Porque no puede ser que desaparezca la Supercom, se reconozca su nefasto accionar, pero sus ejecutorias queden intactas y las víctimas sin reparación alguna.

Desde esta columna exhortamos a la Asamblea Nacional a encontrar un camino para que todos los atropellos de la Supercom, especialmente las multas económicas que atormentaron a tantos medios, especialmente a los más pequeños que ni siquiera tuvieron recursos para defenderse, sean anuladas y reversadas.

Hacerlo no solo es justo, sino además, la legítima aspiración de quienes lucharon a brazo partido en defensa de la libertad de expresión de un país.(O)