El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de transición (CPCCS-t) informó que encontró “serias inconsistencias” en veedurías creadas por vocales cesados, por lo que pedirá la intervención de la Contraloría General del Estado.

El actual Consejo de transición terminó anticipadamente las funciones de las veedurías para “verificar si la deuda pública 2007 y 2017 se encuentra bajo los parámetros establecidos por la Constitución” y otra para “vigilar el cumplimiento del mandato popular de la pregunta tres y anexos”. Las resoluciones señalan que la llamada Delegación Provincial Pichincha ordenó y certificó la integración de estas dos instancias, pero que no existe un documento o acto administrativo o normativo mediante el cual el pleno del Consejo de Participación haya creado dicha delegación.

Entre el 2013 y el 2017 se produjeron más de 300 informes finales de las veedurías ciudadanas. El CPCCS-t señala que algunas han sido usadas con objetivos ajenos a los que se integró o que no cumplen requisitos técnicos, por ello alista reformas al reglamento de integración de las veedurías ciudadanas, que incluirán aspectos como que quienes aspiren a formar parte de ellas sean expertos en el tema a observar.

Para optimizar el control social, las reformas deben orientarse también a ampliar la participación ciudadana. (O)