Este fin de semana, el caso de una niña de 3 años oriunda de Macas que fue transferida para tratamiento a un hospital en Quito logró la atención de muchas personas en redes sociales que apoyaron el reclamo de familiares a las autoridades del IESS y MSP, para solucionar su traslado a un hospital de tercer nivel con posibilidades de intervenirla quirúrgicamente. Es evidente que ventilar los problemas en redes no es el mejor camino de tratamiento para nadie, mucho menos una niña. A eso llegan pocos de los miles que requieren atención cuando el temor por la vida de sus seres queridos los lleva a vencer otros miedos suplicando por algo que es un derecho: la recuperación de la salud con medicina y tratamiento adecuado que debe ser oportuno.

Mientras tanto, continúa el largo proceso de discusión del Código Orgánico de Salud (COS) en la Asamblea Nacional. Ese voluminoso cuerpo legal con más de 400 artículos es una colcha de retazos de artículos, leyes vigentes dispersas y proyectos propuestos por muchos grupos, en el que entran ideas demagógicas, religiosas y sus antagonismos. Muchos profesionales de la salud reconocemos la necesidad de actualizar la legislación, pero vemos poco probable que este saco de payaso en el que todo entra sin liderazgo ni estructura coherente sea el mejor camino para lograr orden y cambios reales en el sistema de salud ecuatoriano.

Uno de los puntos de discordia es el de la rectoría del sistema nacional de salud. Según el consenso logrado hace casi dos décadas en la OPS, las funciones esenciales de la salud pública (FESP) deben ser impulsadas por las autoridades sanitarias de salud, de inicio, la rectoría. Se deben reconocer los diversos actores sociales que intervienen en el sistema de salud nacional para coordinar el trabajo conjunto con el propósito de lograr un modelo de desarrollo nacional que elimine las inequidades en las condiciones de salud. Para impulsar el desarrollo productivo del país se deben lograr concurso académico, información técnica, acceso oportuno a la medicina que se requiere, así como disminuir el gasto en salud de cada ciudadano que sigue siendo uno de los más altos de la región.

El desafío de institucionalizar el sistema de salud con descentralización depende de una función rectora sólida, para lo cual el MSP debe entregar su estructura de proveedor al IESS, dejar así de ser juez y parte. Hace décadas que la efectividad de atención y costos de todos los proveedores de salud son mejores que los del sistema regentado por el MSP. Sus funciones son las de modular financiamiento, controlar aseguramiento de todos, regular, proponer políticas públicas con base en el desempeño de las FESP, en fin, ser el articulador de múltiples actores incluidos los pacientes.

Cuando exista un sistema nacional de salud, pacientes como María Milagros serán trasladados en pocos días al centro especializado (público o privado) para resolver su problema oportunamente. El costo será cubierto por el seguro universal independientemente de la condición económica de su familia. El servicio sería monitorizado por un MSP técnico con profesionales educados en servir, que por supuesto estarán lejanos a los vaivenes políticos del gobernante de turno.

Las FESP están descritas por la OPS y firmadas por el Estado ecuatoriano hace ya casi 18 años… solo falta decisión política para cumplirlas. ¿Cuánto tiempo más habrá que esperar? (O)