Ecuador, país de renta media, que hace esfuerzos por disminuir la pobreza, que tiene la mayor vocación de emprendimiento en América Latina, y cuyos presupuestos públicos de inversión son ejecutados en su mayoría por la iniciativa privada, debe repensar su modelo de gestión y achicar el Estado y el gasto corriente, lo que atañe también a los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Quito, por ejemplo, tiene casi 17 mil empleados. Esta disfuncionalidad puede ser revertida si se polifuncionaliza a los servidores públicos de carrera y se los descentraliza como coordinadores de barrios para que trabajen desde sus casas y estén presentes en el barrio. Quito tiene 1.278 barrios, lo que quiere decir en promedio unos 13 coordinadores por barrio para hacer acompañamiento en avalúos, turismo, cultura, comercialización, salud, educación, inclusión, movilidad, transporte, aseo, mobiliario urbano, seguridad, alcantarillado, señalización, etcétera. Como consecuencia: más cercanía y calidad de trabajo cerca de la comunidad donde viven, disminución de tiempos muertos de transportación al lugar de trabajo, reducción de gastos de alquiler y mantenimiento de edificios, parque automotor, computadoras, etcétera. ¿Y quienes quedarían en la planta central? Para el caso de Quito, unos 100 servidores en el área precontractual y contractual; control previo, finanzas, presupuesto, tesorería y contabilidad; informática; supervisión de obras y auditoría para controlar la adecuada ejecución de esos recursos, ojalá con un restablecido control previo y más importante con un control concurrente para evitar que se perpetren errores subsanables. Este modelo replicable a todos los GAD del país podría ser implantado para el caso del gobierno central con la Policía, el IESS, SRI, justicia. Pensemos, por ejemplo, en una supuesta infracción de tránsito, un juez territorializado podría estar a la mano y aplicando la flagrancia, juzgar, evitando que pasen meses para que otro juez que no conoce la zona ni que pudo relevar información oportuna de testigos, pretenda administrar justicia. En el caso de la Policía Nacional podría trabajar cubriendo los lugares que más conoce, es decir, sus barrios y donde mejor pueden educar. Con el tiempo estos coordinadores barriales irían jubilándose por vejez, achicándose progresivamente el Estado. Esta idea se compadece con la imposibilidad económica, técnica y social para hoy indemnizarlos. A futuro se iría reemplazando los puestos estrictamente necesarios. Y los procesos estarían estandarizados y aplicándose un verdadero control de gestión con indicadores que permitan monitorear el desempeño de los servidores públicos, mucho más motivados.(O)

Diego Valdivieso Anda, economista, Quito