En el cantón Balsas, de la provincia de El Oro, el viernes 27 de abril, a las 16:53, la abogada Doris Castillo Romero presentó una acción de protección en contra del numeral quinto de la resolución emitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, en la que se dispone suspender los concursos de méritos que realice el Consejo de la Judicatura durante la evaluación a la gestión de sus cinco vocales.

Dos horas después, en respuesta a ese recurso, el juez Eleuterio Aguilar, titular de la Unidad Judicial Multicompetente de El Oro, consideró que la resolución del CPC transitorio constituía “un acto inminente grave, y acto administrativo lesivo” y ordenó medidas cautelares de carácter constitucional, con lo cual suspendió la decisión de los siete consejeros transitorios, a los que convocó para ayer 10 de mayo, en Balsas, a una audiencia pública para que expresaran sus argumentos.

Sin embargo, ayer, el juez Aguilar suspendió la audiencia con el argumento de que iba a solicitar información al Consejo de la Judicatura para determinar si la demandante estaba participando en el concurso. ¿No debió ser eso lo primero a revisar por parte del juez al tramitar la acción jurisdiccional? (O)