Colombia lo sabe, pero el caso de México cabe mejor cuando se analizan las consecuencias del narcoestado. Esta palabra, que por sí misma es explosiva, es la conjunción y articulación de un sinnúmero de acciones que lleva a cabo el crimen organizado en la búsqueda de sus objetivos: incrementar exponencialmente sus ganancias mediante actividades ilícitas y, simultáneamente, fortalecer y ampliar su red de dominio con el control de las instituciones del Estado, las cuales deberían, en estricto sentido, garantizar los valores de la democracia, la seguridad, la defensa y los derechos humanos.

La configuración de un Estado que fue tomado por el narcotráfico no se explica con una fórmula, ni tampoco es el resultado de un recetario, más bien se comprende por las características institucionales de cada país, es decir, de su fortaleza o permeabilidad ante este fenómeno. En este sentido, cualquier democracia débil, en la medida que no haya logrado la consolidación de un sistema de justicia independiente, autónomo, oportuno, incluyente y de universal acceso, y que además, se debate entre la impunidad y el patrimonialismo, es presa fácil de grupos que actúan por fuera de la ley e imponen sus propias formas de procesar conflictos a su favor.

Un elemento que puede apoyar la explicación del narcoestado es el control y la cooptación de las fuerzas del orden que garantizan la seguridad interna y externa por parte de las agrupaciones delictivas, es decir, la ciudadanía pasa a un contexto de indefensión cuando la confianza en quienes deben resguardar sus vidas se diluyó o cuando es un secreto a voces que las redes del crimen organizado están integradas por policías y miembros de las Fuerzas Armadas. En México, la credibilidad en la Policía es escasa, además de ser insuficiente en cobertura y eficiencia.

Otro fenómeno que da paso al narcoestado es la corrupción y, más aún, si en sus distintas prácticas logra naturalizar la compra de conciencias, el cohecho, el tráfico de influencias, el peculado. Aquí surte efecto la máxima de que en donde todo se puede comprar, los ciudadanos honrados se convierten en especies en extinción y están constantemente acechados por quienes son eslabones de grandes redes, en donde pueden estar involucrados hasta quienes ocupan las posiciones más estelares de la política.

El momento de mayor clímax del narcoestado es cuando corre con candidatos propios para las elecciones o también cuando tiene representantes por designación, quienes maniobran a su favor desde la justicia, la legislatura y el rector electoral. En las campañas, el narcoestado abre sus tentáculos e introduce el dinero ilícito junto con prácticas descomunales de clientelismo y hasta intenta modelar la opinión pública con encuestas sin veracidad. Esto que ha sido señalado debe analizarse con mucha preocupación, precisión y cautela, pues solo uno de estos elementos podría dinamitar en mil pedazos las instituciones y poner en riesgo la democracia, sobre todo a uno de sus mayores valores como es la confianza. México y Colombia son los ejemplos de lo que se puede evitar. (O)