Puede ser que la frase haya sido de Luis XIV de Francia, el Rey Sol, pero ¿les parece a los lectores haberlo vivido en la década del correato?

Veamos el caso del Banco Central del Ecuador (BCE).

La confiscación

Por décadas, el BCE fue autónomo, condición que se reforzó en las leyes posdolarización, para proteger a esta.

Desde la Constitución de Montecristi, el correato colocó bajo el presidente de la República todo el gobierno del BCE.

Correa, en octubre del 2009, impuso una ley reformatoria de la de Régimen Monetario y Banco del Estado, por la que a él, a su sola voluntad, se le daba competencia privativa para disponer que los bienes, derechos y acciones de propiedad del BCE pasen a ser propiedad de otras instituciones públicas.

No decía la ley reformatoria cómo se valorarían ni cómo se pagarían tales bienes, derechos y acciones. Por eso, no se la pudo aplicar de inmediato.

Pero la voluntad del gobernante debía ser irresistible, para eso estaban quienes actuaban como vasallos.

Y así, más de dos años después, el 18 de noviembre de 2011, Correa dictó el Decreto Ejecutivo 941 por el cual ordenó al BCE que la transferencia a la Corporación Financiera Nacional –CFN– de las acciones que representaban la totalidad del patrimonio del Banco del Pacífico – contabilizado en USD 369 millones– sea gratuita, generando pérdida por ese valor en el BCE. Realmente fue una confiscación, lo que está prohibido por la Constitución, la que no podía ser violada por un Decreto Ejecutivo.

Antes de ese despojo, desde abril del 2009, se le impuso al BCE el traspaso al Gobierno de los bonos AGD, por USD 1.103,5 millones, con el descuento del 100% de su valor –o sea, gratis– bonos originados cuando parte del sistema bancario colapsó antes del año 2000 y la liquidez para atender a los depositantes la entregó el BCE.

Por esos dos despojos, el BCE fue privado de activos por USD 1.472,5 millones, sin pago o compensación alguna.

También hubo confiscaciones a otras personas e instituciones.

La extracción de dinero al BCE

Antes de la dolarización el BCE concedía créditos en sucres, moneda nacional, emitiéndola, como en Venezuela y en otros países, que han profundizado su crisis por emisiones abusivas.

El fin de la dolarización fue siempre el sueño de Correa.

Con la dolarización, debía ser imposible, porque todo dólar que ingresa al BCE se origina en terceros, llegan del Gobierno Central, o de gobiernos locales descentralizados, o del IESS o de otras entidades, o de los bancos privados. En este último caso, realmente dinero de sus depositantes, todos sus clientes, porque los bancos están obligados a tener “encajes” en el BCE, consistentes en segmentos de los depósitos que reciben del público, encajes que deberían ser intocables, porque son cobertura para cualquier riesgo de iliquidez que se produzca en un banco o en el sistema.

Correa rompió lo que debía ser el manejo jurídico, técnico y ético del BCE. A partir del 2009, fue modificando las leyes, a fin de extraer recursos del BCE.

Del 2014 en adelante violó aun sus propias leyes, en desenfreno total, por la vía de decretos ejecutivos, que no tienen fuerza de ley, y por emisiones descontroladas de títulos valores que no registraba como deuda, alegando que por una norma legal que él impuso, no debían registrárselos porque eran de plazos menores a 360 días, sin darse cuenta de que sus escribientes se los emitieron a 360 días. Era el BCE como un cajón de sastre, en que este mete la mano y extrae lo que quiere.

A fines del 2016, supuestamente, para actualizar la estructura jurídica de otras entidades financieras del sector público, resolvió darles forma de sociedades anónimas con el capital dividido en acciones sui géneris, en que solo podían invertir otras entidades públicas –nunca del sector privado– siguiendo siempre la administración bajo el Gobierno Central.

Al efecto, se reformaron los estatutos de la CFN –en cuyo vientre están las acciones que se les confiscó al BCE y otros patrimonios–, del BAN Ecuador y de Conafips –Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias–, estas dos de reciente creación, la última en parte capitalizada con fondos para las inversiones a favor de los afectados por los sismos de abril del 2016.

“Ni como papel higiénico”

El atraco a la liquidez de terceros en el BCE se consumó, cuando en lugar de proveer la liquidez para retirar los títulos valores del Gobierno Central que iban venciéndose, un segmento, USD 2.136,5 millones, fue “pagado” ilegalmente con las acciones mencionadas en el párrafo anterior, que si bien tienen un importante valor patrimonial, no significan liquidez alguna, salvo que las readquiera el Estado, porque no puede el BCE ofrecérselas a un tercero. En expresión vulgar, en una corrida de depósitos, por cualquier motivo, no servirán “ni como papel higiénico”.

Lo actuado se contabilizó en el BCE el 18 de mayo de 2017, como dación en pago; pero, a conciencia de la ilegalidad, mientras Moreno tenía horas de posesionado, el 24 de mayo de 2017, los incrustados del correato que siguieron en el BCE, cambiaron el asiento a otra ilegalidad, a “inversión” del BCE, lo que pretendieron legalizar con la ley urgente de diciembre del 2017, pero no lo lograron.

¿Qué hacer?

Que actúen la Contraloría y la Fiscalía. Se supone que ya no habrá “vasallos” en esas entidades.

Que en el macroescenario económico y financiero, que está armando Lenín Moreno, no se omita lo del Banco Central, con el tiempo prudencial que debe permitírsele a su buena fe. (O)

…la voluntad del gobernante debía ser irresistible, para eso estaban quienes actuaban como vasallos”.