Debe preocuparse el actual Gobierno al haberse hecho pública una reciente encuesta que indica un importante descenso de la aprobación ciudadana a la gestión presidencial ubicándola en un 45,5%, resulta obvio que la verificación de una caída de cerca de 25 puntos porcentuales en apenas 6 meses no puede pasarse por alto y amerita una reflexión seria por parte del régimen, aún más si se constata que en los actuales momentos el porcentaje de ciudadanos que no creen en la palabra del presidente es superior al de quienes siguen creyendo en su palabra, cuando apenas hace dos meses el 60% de los consultados confiaba en lo que decía el presidente contra el 32% que simplemente no le creía.

Ahora bien, resulta fácil determinar que el preocupante bajón de la gestión y credibilidad presidencial está vinculado de manera definitiva con la situación de la frontera norte, especialmente a raíz de la muerte de los militares y del posterior secuestro y asesinato de los 3 periodistas, pues la mayoría de personas considera que el manejo de la crisis ha sido sorprendentemente ineficiente. En ese contexto, quizás resulta oportuno advertir que en estas últimas semanas al Gobierno le ha costado asumir sus responsabilidades y precisar aquellas que por su propia naturaleza están fuera de su control y capacidad de gestión; en el caso de los ministros del Interior y de Defensa Nacional que recientemente presentaron su renuncia, la opinión generalizada es que manejaron la crisis con notables omisiones, falta de información, etcétera, debiendo exigirse al régimen que aclare si acaso existió improvisación y falta de profesionalismo en la conducción de una situación de estas características, la cual muy posiblemente cogió a todos de forma desprevenida.

Más allá de aquello, creo que existe también una responsabilidad directa del presidente Moreno cuando seguramente de forma crédula pero impulsiva se animó a fijar un plazo de 10 días a Guacho, principal sospechoso del secuestro y asesinato del equipo de diario El Comercio. Aquellas palabras de “damos 10 días para que se nos entregue a Guacho, a ese criminal inhumano, que se entregue a la justicia o que caso contrario acompañe a nuestros queridos hermanos en su tránsito, pero por supuesto, con diferente dirección”, solo podría ser entendida como una respuesta caliente y desbordada que podría “salírsele” a algún funcionario de nivel medio, pero jamás a un presidente de la República, aún más entendiendo la complicada situación de la zona en la cual se desenvuelven las actividades criminales del principal sospechoso. Ese fallido plazo de 10 días (que obviamente no se cumplió) caló más de lo que se podría imaginar en la percepción colectiva, permitiendo que se origine un sentimiento de singular desprotección.

Por supuesto, en materia de medición del sentir ciudadano, las cosas pueden variar de forma súbita y no debería sorprender que de mediar un giro exitoso en la estrategia de la frontera norte, la opinión vuelva a favorecer al actual gobernante. Pero hasta que eso ocurra no le queda al Gobierno sino asimilar la lección de que en ocasiones ante la duda es preferible el silencio. El plazo de diez días fue un infortunado desatino. (O)