El problema es de Colombia. Se afirma de esa manera que la amenaza creciente en la frontera norte tiene su origen fundamental en el descontrol de seguridad que hace muchos años impera en el país vecino, bastando constatar los grupos criminales que operan en la zona y otras estructuras criminales, como son los carteles mexicanos operativos en la región. Sin embargo, el país debe admitir que como consecuencia de dicha actividad criminal se han creado “corredores de movilidad” en el proceso de salida de la droga que conducen hacia puertos ecuatorianos, garantizando la salida hacia el océano Pacífico, por lo que con los matices del caso, deberíamos aceptar la idea de que el problema ya es en parte ecuatoriano, no exclusivamente colombiano.

Relación del anterior Gobierno con las FARC. En el transcurso de esta semana el presidente Moreno informó que pedirá a las autoridades que se investigue la autenticidad de un video sobre la supuesta entrega de dinero por parte de las FARC a la campaña presidencial de Rafael Correa, pero debe recordar que desde el año 2008 circularon versiones en Colombia respecto a la existencia de documentos y videos en los cuales se mencionan los posibles aportes dados por la organización terrorista, sin olvidar el video de Jorge Briceño, en el cual señalaba que habían quedado al descubierto, debido a operativos de las autoridades colombianas, “los aportes dados por los insurgentes a la campaña de Correa en el 2006”. El presidente Moreno señaló que “de ser así, es una falta de ética a la moral y un irrespeto a lo que debe ser la política”, debió haber añadido que de comprobarse la veracidad de tales hechos, estaríamos ante la presencia de actos penados por la ley.

A esto se deben sumar las declaraciones del presidente Moreno en el sentido de la “permisividad extrema” del anterior régimen respecto de la situación de la frontera con Colombia, hecho que demanda una investigación integral. La “permisividad extrema” a la que alude nuestro gobernante a cambio de una “aparente paz” no puede ser interpretada como un simple comentario al calor de los hechos; el mandatario tiene la obligación de revelar todo lo que conoce acerca de dicha excesiva y sospechosa permisividad, con el fin de comprobar la posibilidad de otro hecho delictual, distinto por su naturaleza del relacionado con los supuestos aportes electorales por parte de las FARC. Resulta imperativo que una declaración de esa magnitud sea considerada de interés nacional, pues la “permisividad extrema” no debe concebirse como una excusa o un simple lavado de manos ante la creciente preocupación que involucran los hechos de la frontera norte.

¿Cómo lidiar con el problema? Una vez conocido el trágico desenlace de los periodistas asesinados, las comprensibles reacciones variaron de tono, perspectiva y moderación, por lo que resulta necesario ubicar las opciones en el escenario adecuado. La realidad impone una necesidad indiscutible: el control de la movilidad de la droga que se introduce al Ecuador para salir posteriormente a diversos lugares del mundo requiere inteligencia operativa como estrategia principal en el combate contra las redes narcocriminales. Asumir esa lucha solos, sin la cooperación de otros países, sería un absurdo desatino. (O)