Durante la transición de la primera a la segunda etapa de la revolución ciudadana, dos relámpagos han cruzado el firmamento ecuatoriano iluminando lo que se pretendía mantener en la sombra.

El primero de esos relámpagos proyectó su deslumbrante luz sobre la corrupción generalizada, representada emblemáticamente por el caso Odebrecht. La VIII Conferencia de las Américas, reunida en Lima, tuvo como tema el combate a la corrupción, y Odebrecht figuró como la principal corruptora. Los promotores para obtenerle contratos fueron Lula, Chávez y Correa. En la Conferencia, la vicepresidenta de nuestro país, a pesar de su pasado correísta, reconoció que bajo Correa “la corrupción campeaba”. Paralelamente, el Grupo de Lima anticipó “que no reconocerán las elecciones de mayo” en Venezuela, sin las garantías necesarias de un proceso libre, justo, transparente democrático. La vicepresidenta ecuatoriana hizo una débil y tardía exhortación al diálogo. Ya no defendió a rajatabla el proceso eleccionario fraudulento de Maduro; Bolivia y Cuba se quedaron solas. El Gobierno ecuatoriano tiene que pronunciarse sobre si reconocerá o no al Gobierno venezolano que se elegirá en mayo. Si lo reconoce, se quedará solo junto a Bolivia y Cuba.

La ministra de Relaciones Exteriores ecuatoriana está en la obligación –porque está comprometida la seguridad de la Nación– de invitar al Gobierno de Estados Unidos, que ya se ha ofrecido a hacerlo, a suscribir un acuerdo de cooperación militar, focalizado, por supuesto, similar al que opera con Colombia.

El segundo relámpago puso al descubierto que una parte del Ecuador ha caído bajo el dominio del narcotráfico que circula de Colombia a los Estados Unidos y de los guerrilleros que lo sostienen, se han multiplicado con los que no aceptaron los Acuerdos de Paz. El desenlace conmovedor de la tragedia que vivimos nos obliga a todos a asumir nuestra responsabilidad: el Gobierno debe diseñar una política global, creíble, que nos lleve a una acción unitaria de la Nación. Hay que empezar por reconocer que la crisis reveló nuestra falta de preparación ante la seguidilla de actos terroristas, y evidenció el deplorable manejo del rescate de los periodistas. Están manejando la emergencia ministros corresponsables del abandono de nuestras fuerzas de seguridad en el gobierno correísta. No es aceptable eludir la responsabilidad propia y pasársela a Colombia, que debe aceptar la suya, por supuesto. El secuestro tuvo lugar en nuestro territorio, independientemente de si luego, como parece, se llevaron a las víctimas al otro lado de la frontera. Lo importante ahora es la cooperación entre los dos países para enfrentar el problema focalizado de frontera, sin involucrarnos en el problema general de Colombia. Los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de ese país han venido a reunirse con sus pares ecuatorianos para acordar acciones conjuntas. Seguidamente, la ministra de Relaciones Exteriores ecuatoriana está en la obligación –porque está comprometida la seguridad de la Nación– de invitar al Gobierno de Estados Unidos, que ya se ha ofrecido a hacerlo, a suscribir un acuerdo de cooperación militar, focalizado, por supuesto, similar al que opera con Colombia. ¿Estará dispuesta a hacerlo, venciendo prejuicios ideológicos? El apoyo a Maduro y su candidatura a la ONU la limitan. Una reunión de la OEA, tan vilipendiada por la ministra, y pedida ahora por ella, servirá de poco.

La captura de los raptores es nuestra meta inmediata; la de largo plazo, la recuperación del control del territorio que hoy dominan los narcoguerrilleros. (O)