El lunes por fin se anuncia el plan económico. Para que constituya una salida definitiva de la crisis, tiene que constar de los siguientes elementos:

-Reconocer que hay una profunda crisis: en los últimos diez años el gasto fiscal creció exageradamente, y se elevaron desmedidamente los costos de producción;

-Ofrecer una reducción del gasto público, fuerte pero gradual durante tres años;

-Eliminación del ISD y otros impuestos negativos para la producción;

-Reducción de tramitología y micromanejo burocrático de las actividades económicas;

-Apoyo a las exportaciones;

-Flexibilización laboral;

-Ley que permita al Gobierno contratar más deuda, ya que hemos rebasado el tope permitido;

-Anuncio de que se buscará el apoyo de los organismos multilaterales, con crédito de largo plazo a bajas tasas de interés.

Podría haber medidas complementarias, según las preferencias de las autoridades. Entre otras: reducción de subsidios, aumento de impuestos, amnistía tributaria.

Albergamos esperanzas, pero no optimismo, de que se adopte un plan de estas características. Creemos más probable que se opte por medidas aisladas, no un plan coherente; y que en pocos meses haya que tomar otras medidas.

¿Cómo puede el Gobierno trazar un plan de ajuste que parta de que la mesa no quedó servida, cuando está poblado de altos funcionarios que consideran que los últimos diez años constituyen una década ganada?

Las autoridades a lo sumo hablan de “optimizar” el gasto. Eso quiere decir que quizá aceptarían bajar algo el gasto corriente, pero en ningún caso reducir el número de servidores públicos.

Más bien, están por incrementar los ingresos tributarios: un mayor sacrificio del sector privado para devolver la solvencia al sector público. No se propondría un incremento del IVA, en parte porque se busca proteger a la población general del impacto del ajuste, y por otra, porque no habría mayoría en la Asamblea para un aumento de impuestos al consumidor.

La medida clave de la que hablan es cobrar USD4 mil millones de evasión tributaria. Hay dos aspectos a esto último: de ser cierto, reduciría de manera importante el déficit fiscal de 2018, pero no aporta nada para los años siguientes. El ajuste seguiría siendo necesario.

Además, la cifra correspondería a lo que el SRI considera que es evasión, que los contribuyentes disputan, y el asunto está ante las cortes. Aun si el SRI tuviera razón en el 50% de los casos, para cobrar tendría que ganar los juicios. Eso toma tiempo.

Por ello, hay quienes plantean una amnistía tributaria: que el que desista de defenderse pague la diferencia del impuesto y de la participación laboral, a cambio de no pagar intereses ni multas. Pero el SRI señala correctamente que ya hubo una amnistía no hace mucho, y que no hay que abusar de esa figura.

En general, buscarán sacar más recursos de las empresas, lo que les restará competitividad.

La situación se agrava día a día. Hace dos meses el Gobierno colocó USD3.000 millones en bonos; se esperaba que alcanzaran hasta fines de mayo. Pero ya ha gastado USD2.300 millones: si seguimos así no habría fondos para fines de abril.

Si el Gobierno no da ahora una solución definitiva, se verá obligado a dictar medidas más duras más adelante. (O)