Correa ofreció refundar el país y lo que consiguió fue quebrarlo moral, económica e institucionalmente. Y la inercia de la década perdida sigue siendo un obstáculo, pero la corriente de cambio se vuelve incontenible.

La destitución del expresidente de la Asamblea Nacional, en un hecho inédito en la historia contemporánea; asimismo, del exsuperintendente de Comunicación que tiene méritos para alojarse en el Noveno Círculo del infierno de Dante, reservado a los traidores; la derogatoria a la Ley de Plusvalía sin remiendos y el anuncio de la eliminación de la Senain, la Gestapo del correísmo, demuestran que el país retoma de a poco su cauce democrático.

Aportan al mismo flujo, el juicio político al fiscal Carlos Baca, cuya sola participación como presidente de la Comisión 30-S, esa farsa colosal del “golpe blando”, lo inhabilita para ejercer el cargo; e, igualmente, la decisión del nuevo CPCCS de cuestionar el desempeño de Patricio Rivera como superintendente de Economía Popular y Solidaria, un personaje nefasto responsable de la mesa desprovista que inexplicablemente ha seguido gozando del favor gubernamental.

Afianzando la tendencia, el fallo tardío de la Corte Constitucional restituyendo el aporte del 40% del Estado a las pensiones del IESS e invalidando el despojo de las utilidades a los trabajadores.

Mientras, la expectativa se cifra en el Plan Económico que se daría a conocer en las próximas 48 horas. Las señales previas son confusas.

El exministro de Finanzas Carlos de la Torre, que cuando desempeñaba el cargo decía que estábamos en franca recuperación, ahora declara que atravesamos una grave crisis, evidenciando su incoherencia. En tanto que su sucesora María Elsa Viteri reconoce un estado de recesión, admitiendo que el principal sacrificio debe corresponder al sector público, pronunciándose en contra de la creación de nuevos impuestos. Sin duda, un importante reconocimiento que debe ser tomado con reservas debido al influjo de la mentalidad fiscalista del SRI.

Se ha barajado la posibilidad de recortar subsidios calculados en 3.400 millones de dólares, pero no parece la opción preferente de un régimen cuya popularidad flaquea.

La evaluación es que el recorte mínimo debe ser de 1.700 millones de dólares, lo cual permitiría comenzar a revertir la relación deuda/PIB que ha venido aumentando exponencialmente desde 2013. Pero en el marco de una política gradualista, podría tomar casi una década reducir la deuda pública de más del 70% del PIB al techo de 40% dispuesto por Ley.

Lo fundamental es disponer de un Plan que genere confianza y credibilidad por parte de los actores económicos. No se puede ni debe repetir el mismo recetario que endosa la factura del excesivo gasto público al sector empresarial y, en última instancia, a los propios consumidores.

Aviso desalentador la declaración del ministro de Agricultura justificando el eventual incremento de 375 subpartidas arancelarias. Tal parece que el Gobierno no aprende la lección de tantos años de restricción comercial que solo han servido para incrementar los costos del aparato productivo con el consiguiente efecto de pérdida de competitividad.

Capítulo de vergüenza ajena, el manejo doloso de la deuda pública que viene revelando la auditoría de la CGE, con evidencias de reserva, secretismo y además ocultamiento impúdico de la información. Cuando se descubra la verdad, el caso que condujo al enjuiciamiento y prisión del exvicepresidente Jorge Glas podría resultar un juego de niños. Detrás del bien orquestado y sistemático encubrimiento, hay seguramente un festín de nuevos ricos de la Revolución Ciudadana. (O)