Hace casi 38 años, en la ciudad de Riobamba, los países del Grupo Andino suscribieron la denominada “Carta de Conducta”, a través de la cual se hizo una firme proclama por el respeto de los derechos humanos, políticos y sociales, asignándole a esos estados como norma básica de su conducta interna, la obligación en el ámbito internacional de propiciar su defensa, pues “…la acción conjunta ejercida en protección de esos derechos no viola el principio de no intervención”, aspecto medular, valga decir, en la Doctrina Roldós, en donde se estableció con nitidez la supremacía de los derechos y libertades humanas fundamentales por sobre principios como la soberanía, tras cuyo concepto los regímenes dictatoriales levantan cortinas frente a la comunidad de naciones para ocultar la barbarie y la represión de sus pueblos.

Sin duda, la tesis del expresidente Jaime Roldós Aguilera en defensa de las libertades y la democracia, brindó luces y aportes muy significativos para la elaboración de nueva normativa, la misma que se recogió en instrumentos internacionales, que hoy apuntalan la defensa de los derechos humanos a nivel mundial. Este hecho histórico deberían tenerlo bien claro la vicepresidenta, María Alejandra Vicuña, así como su padre, Leonardo Vicuña, presidente del Directorio del Banco del Pacífico, quienes han realizado una abierta defensa del régimen despótico de Nicolás Maduro Moros, delfín del chavismo, que ha colocado a Venezuela a las puertas de un Estado fallido, producto de su desinstitucionalización, rompimiento del orden democrático, corrupción generalizada, violaciones permanentes a los derechos humanos expresadas en falta de libertades, negación de servicios de salud, educación, vivienda, trabajo, así como el colapso de su economía, hoy carcomida en sus bases por una hiperinflación de 2.600% o más, que ha provocado una incontenible migración con visos de crisis humanitaria.

Con sobrada razón, el mandatario del Perú, Pedro Kuczynski, con el aval de los restantes 11 países que forman parte del Grupo de Lima, quienes reclaman por la liberación de los presos políticos y además condenan, sin reticencias, la ruptura del orden democrático en Venezuela, ha comunicado al presidente Nicolás Maduro la decisión de que “no será bienvenido” en la VIII Cumbre de las Américas, a realizarse los días 13 y 14 de abril de 2018.

Este pronunciamiento se sustenta en la Declaración de la ciudad de Québec 2001, donde se destaca que “…cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas…”; expresión que, en esta parte específica del documento, se halla imbuida del espíritu de la Doctrina Roldós, en la defensa de los derechos fundamentales y de los regímenes democráticos.

De ahí que resulte desconcertante el manejo errático de la política exterior ecuatoriana dada al garete, y al momento tricéfala, alimentada ya sea por silencios o declaraciones tibias desde la Presidencia de la República; por fundamentalismos ideológicos correístas aún persistentes que se proyectan en mayúsculos desaciertos desde Cancillería; y, ahora, con la ‘Doctrina’ Vicuña, que supedita los derechos humanos a la vigencia de principios como soberanía y no intervención del que se aprovechan los sátrapas. (O)