Dos semanas después de que el pueblo ecuatoriano decidió enviar el correato al baúl de la historia, la que por cierto tiene algunas líneas por escribirse en cárceles y prisiones del país, el presidente Moreno envió a la Asamblea Nacional dos proyectos de leyes, la primera, derogatoria de la denominada “Ley de Plusvalía”; y, la segunda, reformatoria a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ambas, de conformidad con lo decidido en las urnas el 4 de febrero de 2018.

Sobre la ley derogatoria a la “Ley de Plusvalía” el Ejecutivo no se complicó. A través de un solo artículo derogó íntegramente esta torpe ley que tanto daño le hizo al sector de la construcción. No obstante, antes que suceda esto hubo cierto nerviosismo por las infelices declaraciones de la ministra Alvarado, quien sin ambages sostuvo –a pesar de la cantidad de tributos y cargas que existen hoy sobre los inmuebles– que más allá de lo decidido en la consulta popular, se tenía que dictar una nueva ley que evite la especulación del suelo. Al parecer ella desconoce –pese a su profesión– que en el Ecuador se paga por un inmueble: el impuesto predial urbano, una contribución especial de mejoras municipal, la reciente contribución especial mejoras estatal, además del impuesto al solar no edificado. Luego, si lo transfiere, debe pagar el impuesto de alcabalas y plusvalía además de los costos notariales y de inscripción. Y, finalmente, si se desea urbanizar debe pagar, dependiendo del municipio, una inmensa y diversa cantidad de tasas como de aprobación de planos, por fiscalización de obras, etcétera.

Además del pago de infinidad de tributos, tasas y contribuciones especiales; y, de dejar además cerca o más del 50% de su terreno al Municipio, el correato creó en la Ley de Ordenamiento Territorial (LOT) una nueva exacción a los promotores y constructores urbanísticos denominada concesión onerosa de derechos.

Pero eso no es todo. Por ley los urbanizadores deben entregar el 15% de su terreno como área cedida al municipio (ACM) y además la parte correspondiente para aceras, bordillos y calzada, que dependiendo del proyecto puede llegar al 30% o más del terreno restante. En buen romance además de sortear el pago de infinidad de tributos, léase impuestos, tasas y contribuciones especiales; y, de dejar además cerca o más del 50% de su terreno al Municipio, el correato creó en la Ley de Ordenamiento Territorial (LOT) una nueva exacción a los promotores y constructores urbanísticos denominada concesión onerosa de derechos. Este nuevo impuesto disfrazado permite a los municipios exigirle a los urbanizadores: suelo urbanizado o viviendas de interés social, o equipamientos comunitarios o infraestructura, que por cierto no reemplazan el cumplimiento de las cesiones urbanísticas que se deben entregar a los municipios y que fueron descritas anteriormente.

Sin embargo, cuando parecía que ese 63% que había votado por derogar la “Ley de Plusvalía” iba a ser burlado por el Gobierno Nacional, el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda ha declarado mientras redactaba este artículo que: “Yo creo que ha sido un poco de mala comunicación o quizás se entendió mal, pero soy enfático en señalar que no se ha pensado en otra ley ni otro mecanismo de plusvalía” y que más bien en lo que está enfocado el presidente Moreno es en dictar el reglamento a la LOT. Enhorabuena por el país que ya no se van a crear ni más leyes ni más tributos que restrinjan el sector de la construcción en general y los desarrollos urbanísticos en particular. No podían burlarse de la voluntad popular. (O)