En tiempos de la oficialidad de la religión cristiana los miembros del clero tenían un fuero especial; eran juzgados de acuerdo con un procedimiento diverso, no siempre más benigno que el procedimiento general.

Al mismo tiempo eran considerados dependientes del Estado, “patrono” juez, sin debido proceso. Actualmente en países de raigambre cristiana, todo ciudadano es igual ante la ley.

Gobernantes sin ilustración, totalitarios pretenden revivir el patronato. Es positivo que los miembros del clero, como ciudadanos, gocen de los mismos derechos y afronten personalmente las mismas obligaciones. Si los obispos, por temor o intereses personales, dejaran de anunciar la verdad, la libertad, la justicia, se descafeinarían.

Se persigue, especialmente al arzobispo de Barquisimeto, Antonio López, con la indefinible “Ley del Odio”. ¿Es odio señalar las evidentes hambre y enfermedades del pueblo y sugerir a los gobernantes la necesidad de un nuevo rumbo?

Algunos miran principalmente, o exclusivamente, los rasgos positivos del clero, como si su identidad no tuviera manchas. No piden prueba de lo positivo. Otros se detienen en los rasgos negativos; los señalan como un hecho que no necesita pruebas.

Se requiere temple acrisolado para mirar lo positivo del clero con modestia y aceptar con sencillez que lo negativo también nos afecta.

Algunos hechos recientes: Uno dulce, otro agridulce. (Dulce) Marco Órdenes, obispo de Iquique, fue acusado de abuso sexual a adolescentes. Se ha mantenido distante, para facilitar la acción de la justicia. Después de años de investigación, años de imaginable sufrimiento del acusado, los integrantes del Tribunal civil han concluido y sentenciado por unanimidad que no hay fundamento, ni siquiera para presumir los denunciados abusos sexuales.

Los denunciantes han tirado la piedra y en diversa forma han escondido la mano.

(Agridulce) El obispo de Osorno, Juan Barros, es acusado de encubrir al presbítero Fernando Karadima. La acusación permanece oscura.

Es un viejo problema que algunos, aprovechando la presencia del papa, han actualizado. Francisco ha afirmado claramente: “No se puede condenar sin debido proceso”.

Exigir al clero más que a otros colectivos es signo de valoración especial, pero si no generalizan, si no se regodean afirmando como crimen probado lo que, antes del debido proceso, es meramente posible.

No ha gustado a los acusadores que Francisco exija debido proceso. Dicen que no hay necesidad de pruebas: “Todos saben que el obispo Barros encubrió a Karadima”. ¿Querían la verdad u oscurecer la visita del papa y el prestigio de la Iglesia frente al mundo?

El papa, al mismo tiempo que rehuyó quedar bien, oprimiendo al débil, dio ejemplo de buscar la verdad hasta el fondo, ¡pero sin ingenuidad!

Ha nombrado al arzobispo de Malta, Charles Scicluna, experto en el estudio de crímenes sexuales, para escuchar a quienes conozcan elementos clarificadores.

Ayer como hoy, normas especiales para personas se justifican en cuanto sirvan el bien común. La relación actual del sacerdote en la sociedad occidental tiene concreciones contrastantes: Una: de favorecerlo con fuero especial a condenarlo sin el debido proceso. Otra: negarle el derecho de presentar los valores humanos como verdad, libertad, justicia, sin el visto bueno del gobernante.

(O)