La ley que regula en la actualidad todo lo que se relaciona con el sistema de justicia es el Código Orgánico de la Función Judicial, prevé la existencia del cargo llamado “fiscal general del Estado subrogante”, que probablemente nace de alguna regulación administrativa, probablemente heredada de los usos instaurados con la derogada Ley Orgánica del Ministerio Público.

En todo caso debemos entender que la función de un “subrogante” es la de “subrogar”, es decir ante la falta del correspondiente titular o únicamente cuando ha sido convocado por delegación administrativa. Por eso luce demasiado acomodado el hecho de que la actual fiscal general del Estado subrogante haya aceptado una denuncia directamente dirigida a ella, y haya iniciado motu proprio una indagación previa; cuando debió dirigirse a su jefe, quien debió haberse excusado y haberle delegado su intervención. Si lo anterior es demasiada coincidencia, lo demás ya resulta irregular, pues los denunciantes presentan la copia de un informe de Contraloría cuyo original no está en el archivo del órgano de control y que, dicho sea de paso, ha sido negado también por su supuesto autor. La fiscal “subrogante” dentro de la “autosubrogación” que se atribuyó, debe exigir a los denunciantes le indiquen el origen de ese informe porque al menos uno de los dos no tiene reserva de fuente, so pena de procesarlos por concurso en el uso de instrumento público falso y fraude procesal. Si alguna duda le queda a la señora fiscal, puede pedir a la Contraloría que haga una “nueva” investigación, pero no puede mantener vivo artificialmente algo que evidentemente adolece de serios cuestionamientos.

Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura debe analizar el caso y determinar si esta “subrogación” fue legal y si la tramitación de esta irregular denuncia no contiene vicios legales y violaciones a derechos constitucionales del verdadero fiscal general del Estado, con miras a imponerle las penas que sean necesarias para proscribir de una vez por todas las prácticas con las que la politiquería está acostumbrada a contaminar el sistema de administración de justicia.(O)

Carlos Cortaza Vinueza,
Abogado, Guayaquil