Continúo denunciando a las autoridades ambientales la barbarie que se vive cada 31 de diciembre, cerca de nuestras áreas protegidas. En dicha fecha es alarmante la contaminación.

Soy moradora de una de las urbanizaciones en la vía a la costa y he solicitado a nuestras autoridades ambientales, como ciudadana y usuaria de nuestras instituciones gubernamentales, y de acuerdo a lo estipulado en la Constitución, la defensa y el respeto al medio ambiente. Es hora de que en nuestra provincia se expidan leyes y ordenanzas para nuestras zonas protegidas (toda la vía a la costa es una zona protegida rodeada de esteros y manglares por un lado, y de bosques y cerros por el otro), lastimosamente por las terribles toneladas de tóxicos que se lanzan y las detonaciones.

Nuestra fauna se convierte en sumidero de tóxicos, con crías en nidos, que quedan abandonadas por días luego de las inmisericordes denotaciones. Bastó acercarse a la vía a la costa el 31 de diciembre y verla convertida en un dantesco campo. Esta situación es realmente vergonzosa. En una zona tan delicada, se ofertan viviendas para vivir en armonía con la naturaleza prácticamente hasta al pie del manglar, sin regulaciones por el ruido y los gases tóxicos por pirotecnia, siendo nuestro país un referente en biodiversidad a nivel mundial y que participa en foros internacionales. Se permite además a ciertas empresas que para protección de sus productos, abran permanentemente fuegos en la zona; se permiten lugares de alquiler para fiestas en las que los juegos pirotécnicos son parte de la diversión; por citar algunos casos.

Este mecanismo de prohibición total del ecosistema de Guayas debería ser progresivo y empezar con acciones: evitar los bombardeos cerca de los manglares y los cerros (incluso extenderse a lugares sensibles como zoológicos, hospitales, etcétera); exigir a urbanizaciones de toda la vía a la costa que a través de sus administraciones entreguen con meses de antelación a las autoridades ambientales, por escrito, las actividades que están desarrollando sobre el particular y las específicas de protección para cada 31 de diciembre; entregar las listas de infractores identificados con las cámaras de cada urbanización; aplicar sanciones; asignar guardias ambientales en cada urbanización y zona ecológicamente sensibles para que lleven el registro de las infracciones; concientizar sobre el problema por radio, televisión, diarios. Esto no se lo ha hecho, lo cual denota poco o nulo interés en una verdadera conservación. Cada año con cada nueva autoridad ambiental, anhelo que se desarrolle un programa de emergencia de protección de la vía a la costa y nuestras zonas sensibles. El estruendo, ruido y el radio de los gases tóxicos tiene un alcance tal que se siente a muchos kilómetros.(O)

María de Lourdes Mendoza Solórzano, Ph.D. en Ciencias Biológicas, Guayaquil