La pregunta No. 7 de la consulta popular dice lo siguiente: ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley Orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como “Ley de Plusvalía”, según el Anexo I?

Las marchas convocadas a lo largo y ancho del país durante el mes de junio de 2015 en contra de los proyectos enviados a la Asamblea Nacional de ese entonces, que buscaban incrementar de una forma torpe los impuestos a la herencia y a la plusvalía, dieron los resultados que se esperaban. Al contrario de lo que decía el expresidente Correa, que no hacía caso a las marchas ni a las movilizaciones sociales, en esa ocasión tuvo que ceder retirando ambos proyectos de la legislatura bajo el pretexto de la llegada del santo Padre.

Hoy, dos años y medio después de esa expresión genuina de rechazo a lo que el país entero entendió como un posible expolio, el presidente Moreno, sensible a la pérdida de más de 83.000 empleos, a que los indicadores del Banco Central del Ecuador reflejaban una contracción del 7,3% en el sector de la construcción durante el primer trimestre de 2017 con respecto al mismo período de 2016; y, sobre todo, a que existían siete semestres consecutivos de decrecimiento, decidió incluir como pregunta en la consulta popular la derogatoria de esta ley.

No tengo la menor duda de que la respuesta a esta pregunta será un claro y contundente sí de la mayoría de las personas que acudan a sufragar ese día. A nadie en su sano juicio se le puede exigir que comparta con el Estado el 75% de lo que ilegalmente se pretendió denominar como “ganancias extraordinarias” en la compraventa de un inmueble.

Ahora bien, ustedes se preguntarán una vez que el pueblo mayoritariamente envíe al baúl de la historia a uno de los más grandes esperpentos jurídicos creados en el correato: ¿cómo hará el ejecutivo para que la Asamblea cumpla inmediatamente con este mandato popular? La respuesta a esta interrogante está muy bien explicada en el anexo a esta pregunta: el presidente Moreno deberá enviar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente para derogar la Ley Orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras en un plazo no mayor de 15 días a contarse desde la publicación de los resultados de la consulta popular en el Registro Oficial. Teniendo en cuenta que estos proyectos deben ser resueltos por la Asamblea Nacional en el plazo máximo de 30 días, deberíamos entender que durante el mes de abril del próximo año la malhadada “Ley de plusvalía” dejará de existir en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

En síntesis, el Gobierno actual está buscando enmendar este doloroso capricho de Correa que tanto daño le hizo a la economía del país. Sin embargo, muchos ecuatorianos creemos que ha llegado también el momento de reducir el tamaño del Estado, disminuyendo otros impuestos no aumentándolos. Derogar esta ley es un gran paso, presidente Moreno, pero falta mucho por hacer en este apartado. (O)