Algunos funcionarios del Gobierno han renunciado a sus funciones porque hicieron revelaciones inconvenientes, porque la Contraloría hizo revelaciones sobre ellos o porque investigaciones particulares dan indicios de conductas ilícitas. En todos los casos sucedió lo políticamente conveniente.

Pero no siempre lo políticamente conveniente pone el punto final legal o es lo deseable desde el punto de vista ético.

Si lo que dijeron es importante para la vida del país, no basta la renuncia, están en la obligación de responsabilizarse de ello y aclarar lo dicho, y hay instancias oficiales que pueden exigírselo. Si la Contraloría levantó glosas, tiene el deber de presentar los descargos en los plazos legales para hacerlo o asumir la verdad de lo dicho y aceptar las consecuencias. Si hay investigaciones que permiten sospechar de actos ilícitos, es necesario investigarlos oficialmente.

No es suficiente abandonar el lugar de los hechos, es necesario e importante establecer la verdad, para que sus nombres queden libres de toda sospecha o para que respondan como deben ante la ley y la ciudadanía. Es un paso ineludible si, como decimos, estamos dispuestos a combatir la corrupción y la impunidad. Lo contrario son solo palabras. (O)