El lunes 4 de diciembre de 2017 a las 06:41 se produjo a mi persona una agresión solapada por la supuesta venta de implementos que se requieren para la revisión vehicular. En la vía de acceso a la SGS en circunstancias que conducía mi vehículo a dicha dependencia, un grupo de “vendedores informales” me bloqueó el paso para obligar a direccionarme al carril exclusivo de la Metrovía; siendo mi reacción enderezar el rumbo y retomar el carril de uso general.

Más adelante, otro grupo de “vendedores informales” repitió la misma acción y quedé con medio vehículo atravesado entre dos carriles; al evitar el atropello por segunda ocasión a estos imprudentes “vendedores” se produjo una brusca frenada y el pitazo continuo del autobús de la Metrovía que se detuvo a escasos centímetros de la parte lateral derecha de mi vehículo. Recuperado inmediatamente del incidente ofrecí disculpas al conductor del bus, quien con buen reflejo profesional evitó la colisión violenta y quién sabe qué resultados de graves consecuencias personales y materiales. Estas situaciones deben haber padecido otros –y no pocos– conductores.

Al observar la reincidencia de estos hechos que revisten extrema imprudencia propiciadora de acciones de accidentalidad, e inclusive delincuencial, por parte de cierto sector de la informalidad e infiltrados malandrines, en puntos críticos de la ciudad; me permito recomendar lo siguiente: 1.- Proceder al desalojo en buenos términos; todos los ciudadanos tenemos derecho al buen uso del espacio público, a la preservación de la vida en materia de seguridad vial, y a las buenas prácticas mercantiles enrumbadas a la reducción de la informalidad hacia la actividad microempresarial. 2.- Hacer un estudio del espacio público y su valoración, como punto de intercambio comercial en la relación de bien ofertado-demandado para establecer los espacios seguros que excluyan, de manera permanente y categórica, los espacios definidos y utilizados para la circulación vehicular en todas las modalidades de transportación, vehicular-ciclovial-peatonal, así como también las áreas de uso recreacional y otras que la administración pública defina por la seguridad y el bienestar del ciudadano residente o flotante. 3.- Mantener constante monitoreo por medio de las cámaras instaladas y operativos aleatorios en los sectores ya reconocidos, a la presencia de la informalidad reincidente y alto riesgo de todo tipo de percances, en detrimento de la calidad y seguridad de las personas.(O)

Felipe Huerta Llona, arquitecto, Guayaquil