El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resolvió remitir a las instituciones que luego anoto sendas copias de su Resolución del 1 de agosto de 2017 y darles tareas, según informe final de veedores y técnico de la veeduría para “Vigilar el Proceso de Captación, Abastecimiento, Mantenimiento, Tratamiento, Administración, Distribución y Facturación del Agua Potable a la Mancomunidad Aguapen en la Provincia de Santa Elena periodo octubre 2012 al 31 de marzo del 2016”:

GAD municipales de Santa Elena, La Libertad y Salinas: analizar la procedencia de las recomendaciones de la veeduría.

Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción: investigar si faltó entrega de la información solicitada por los veedores a la empresa observada y una presunta violación a los derechos de participación de los ciudadanos de dichos cantones al no existir suficiente socialización en la determinación de las tarifas de agua potable, así como del Plan Maestro de agua potable de Santa Elena.

Secretaría Técnica de Participación y Control Social: promover la creación de un comité de usuarios.

Defensoría del Pueblo: dar seguimiento al cumplimiento del Plan Maestro de Agua Potable de Santa Elena y realizar la investigación necesaria sobre las tarifas de consumo de agua potable emitidas por –Aguapen– EP, así como de los supuestos cobros excesivos y recaudaciones por costo fijo y tasa de alcantarillado, presuntamente, sin contar con la normativa que los regule.

Contraloría General del Estado: ejecutar las acciones de control necesarias en torno a las supuestas inconsistencias señaladas en el informe final de veeduría en relación a estos temas: presunto incumplimiento por parte del gerente general y el Directorio de las recomendaciones respecto al mantenimiento preventivo de equipos y ejecución del Plan Maestro de agua potable; proceso de contratación pública en situación de emergencia cuando el estado de emergencia ya habría sido superado; administración y fiscalización de instalaciones eléctricas de los grupos de bombeos; ineficiente uso de los equipos de procesamientos de agua cruda y potabilización del agua; procesos de recuperación de cartera vencida y procesos de coactivas; presunta pérdida de agua no contabilizada; y, verificación del cumplimiento de recomendaciones emitidas por ella misma respecto al mantenimiento de equipos.

Ministerio del Trabajo: conocer irregularidades que se presumen en el nombramiento de gerente general de Aguapen y proceder al respectivo análisis de las remuneraciones de personal sin título profesional.

Servicio de Contratación Pública: verificar el proceso de contratación en estado de emergencia, así como de los datos de proveedores de bienes y servicios según las recomendaciones de los veedores.

Secretaría del Agua y a la Agencia de Regulación y Control del Agua: investigar el supuesto incumpliendo de sus recomendaciones.

Asamblea Nacional: ejercer su competencia fiscalizadora.

Delegación Provincial de Santa Elena del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: socializar los resultados de la veeduría ciudadana ante las autoridades y la ciudadanía.

¿Se habrán cumplido todas estas tareas? ¿Qué habrá pasado después? ¿Sería tan amable en darme su opinión? (O)