En el proyecto urgente, el presidente propone que para los exportadores habituales no suba el impuesto a la renta, a diferencia de otras empresas. El apoyo al sector exportador no consiste en darle mejores condiciones, sino en no empeorárselas.
Pero se las empeora. El ministro de Finanzas repudia la devolución de los impuestos incorporados a las exportaciones (drawback) y la entrega del abono tributario (CAT), beneficios otorgados en años anteriores, de los que quedan saldos pendientes. Las empresas que en su cálculo de costos contemplaron recuperar drawback y CAT, perdieron.
La nueva tasa a las importaciones afecta a las exportaciones, pues grava a los insumos y maquinaria importados, o que importan las industrias que les suministran bienes incorporados a las exportaciones, como empaques.
La política de elevados aranceles y medidas paraancelarias es coherente con la sustitución de importaciones, y no con promover exportaciones.
El proteccionismo desagrada a los socios comerciales; se presta a que tomen decisiones de retorsión contra nuestras exportaciones. En la CAN y la Unión Europea preocupa la nueva tasa.
El acceso a nuestro mayor mercado, el estadounidense, se deteriora. Durante el gobierno de Palacio la toma sin compensación de la operación de la petrolera Occidental significó la marginación del Ecuador del acuerdo comercial EE.UU.-CAN. Antes de este acuerdo había preferencias andinas (ATPDEA); con la firma de Colombia y Perú del acuerdo comercial, Ecuador quedó como único beneficiario. El presidente Correa minimizó la importancia del ATPDEA, y nada se hizo para impedir que fenezca en 2013.
A los exportadores que perdieron el ATPDEA, el Gobierno de Correa otorgó el drawback, el mismo cuyo pago el gobierno Moreno desconoce.
La única preferencia de la que goza el Ecuador en el mercado estadounidense es el SGP, un sistema que los países industrializados ofrecen unilateralmente a los países de menor desarrollo. EL SGP estadounidense está por expirar, y deberá renovarlo el Congreso. Trump pidió al funcionario que administra el comercio exterior estadounidense que informe sobre cada país beneficiario, para excluir de la renovación a los que no son recíprocos con los EE.UU.
A las empresas estadounidenses que reclaman por maltrato, Chevron en primer lugar, el proyecto urgente sumará otra: Equifax, el buró de crédito, ya que el proyecto dispone que la Superintendencia de Bancos monopolice ese servicio, y que Equifax entregue toda su información y tecnología a la Superbancos. Esto se entenderá como confiscación.
No hay embajador en Washington que abogue por la causa ecuatoriana. El nombre propuesto por el Gobierno, el Ab. Alexis Mera, renunció a su candidatura al no recibir oportunamente la anuencia de Washington. Lo que debió anticipar la canciller, puesto que el Ab. Mera desempeñó papel de alto perfil en el apoyo gubernamental al abogado Donziger en el juicio que lleva contra Chevron. Lo que conoce sobradamente el jefe de la diplomacia estadounidense, Rex Tillerson, quien fuera presidente de Exxon antes de ser secretario de Estado.
Mientras el ministro Campana visita las capitales del mundo promocionando las exportaciones nacionales y al Ecuador como atractivo para invertir, otros integrantes del gabinete toman decisiones que le serruchan el piso. En comercio exterior hay incoherencia en las políticas. (O)