El 8 de noviembre fue aprobada la Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Sí, esa Asamblea conformada únicamente por el oficialismo. Sí, la que retiró las funciones de los asambleístas democráticamente electos y enterró aún más la esperanza del pueblo venezolano.

El nombre de la ley da la apariencia de ser un texto correcto, incluso porque su supuesto objetivo es promover la diversidad, la tolerancia y erradicar toda forma de odio, discriminación y violencia por motivos discriminatorios, y preservar la paz y la tranquilidad pública y proteger a la nación. No obstante, su contenido es absolutamente ilegítimo.

Incluso antes de que los “asambleístas” levantaran la mano, Maduro había confesado que la ley serviría para “contrarrestar la campaña de odio, terror y violencia que ha sido promovida por los sectores extremistas de la oposición”, es decir, una norma para callar a las voces opositoras.

Para cumplir con el siniestro objetivo, se creó un delito para todo aquel que “fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político…”. La sanción es de 10 a 20 años de prisión y es imprescriptible.

Pero la ley no se queda ahí, sino que mediante ella el Gobierno busca tener más control sobre la prensa y la información. En resumidas palabras, la nueva norma faculta al Gobierno a usar gratuitamente espacios en televisión y radio para difundir “mensajes que promuevan la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de violencia política, odio e intolerancia”. El medio que no cumpla con ceder el espacio, evidentemente, será sancionado.

Además, dentro del mismo tema de odio y violencia, el Gobierno ha hecho ley lo que tanto ha anunciado: revocar licencias a medios, así como bloquear y sancionar a las redes sociales y los medios electrónicos por los contenidos.

Con esta resumida y concreta descripción de la vaga y ambigua ley, me pregunto: ¿Dónde está realmente el odio en Venezuela?

Criticar al Gobierno, quejarse de los problemas, molestarse por la corrupción, convocar a las personas a manifestarse pacíficamente contra alguna decisión política, exigir multitudinariamente medicamentos y/o alimentos, reclamar transparencia electoral, pedir la liberación de presos políticos o solicitar profundas reformas al sistema público no es odiar. Tampoco son violentos ni discriminatorios. Estos son actos de una sociedad que quiere cambios, prosperidad, libertad y democracia.

El Gobierno venezolano no quiere entender que sus políticas han fracasado y que sus medidas para salvar al país no ayudan a “preservar la paz y la tranquilidad pública”, pues solo buscan mantenerse en el poder. Los venezolanos no pueden estar tranquilos viendo cómo cada día su país se hunde más en la pobreza. Tampoco pueden tener paz ni ser libres, peor aún con la nueva ley, porque saben que el Gobierno está detrás de cada palabra y manifestación.

No tengo duda alguna de que mantener un sistema fracasado es una muestra de desprecio a la sociedad, mientras que reclamar y salir a las calles es una prueba de amor por salvar el país. (O)