En una nota anterior señalé que Ecuador no ha definido una política de comercio exterior consistente desde el año 2000. En estos años no se han precisado objetivos para el cambio del sector externo, que deberían estar en armonía con la programación macroeconómica y los estímulos que, en el marco de sociedades de mercado, pueden aplicarse para generar un modelo productivo, lograr mayor competitividad, nuevas inversiones y generar demanda e ingresos.

Esa carencia se refleja en la composición del comercio de exportación e importación: salvo cambios marginales, lo esencial de la matriz productiva tradicional sigue presente. Esto, más allá de que se quiera atribuir la causa de los desajustes externos a eventos coyunturales: en efecto, el problema externo no se precipita por la caída de los precios del petróleo, la apreciación del dólar, la dolarización o la apertura. Es un problema de corte interno, que tiene que ver con la visión cortoplacista y corporativista que ha caracterizado el quehacer nacional en estas décadas. El costo ha sido evidente.

En esa nota también detallé los beneficios que ha reportado la Comunidad Andina al Ecuador. Quizás uno de los más importantes es que el bloque subregional ha sido un espacio de aprendizaje para las industrias nacionales, al que estas destinan, comparativamente, la mayor cantidad de bienes de cierto valor agregado que no pueden competir, por razones de calidad, en los mercados de los países desarrollados o porque crearon su propio segmento.

La Comunidad Andina es un sistema de integración que debería preservarse, al menos desde la lógica de Ecuador, sin que esto signifique que a los otros socios: Colombia, Perú y Bolivia, el bloque no les sea interesante.

Sin embargo, en los últimos años las diferencias en las opciones de política económica han complicado largamente su avance: la matriz de intereses de Colombia y Perú respecto de la integración es muy diferente respecto de la que tienen los gobiernos de Ecuador y Bolivia. Hay aspectos que no se comparten en esa matriz: niveles de apertura, papel del mercado, estilo de regulación, trato a la inversión externa e interna, temas cambiarios, modalidades de “planificación”, entre otros.

No obstante, es mucho más lo que podría rescatarse si los países, en particular el Ecuador, tienen una actitud proactiva que de alguna manera pueda favorecer al sistema andino. Esa proactividad debe inscribirse en un marco geopolítico y comercial: se habrán convencido ya los hace tiempo entusiastas promotores de la adhesión de Ecuador a Mercosur, que tal era una opción definitivamente inconveniente. Mercosur no ha cumplido sus propios objetivos. Por su lado, en la práctica, el país tiene suscritos acuerdos en el marco de la Aladi que liberalizan su comercio con ese bloque. Además, tal ingreso, de haber progresado, habría sido incompatible –por muchas razones– con la próxima supuesta entrada en vigencia, en 2016, del Acuerdo Multipartes Ecuador-Unión Europea.

Estos aspectos debería explorar el Ecuador con los otros socios andinos en perspectiva de iniciar un proceso ordenado de reactivación del bloque subregional o transición hacia otras opciones en un contexto de unidad concertada, con nuevos objetivos, no marcados por la ideología, exclusivamente.

Por otra parte, Colombia y Perú han ratificado su pertenencia a la Alianza del Pacífico. Este esquema tiene importancia capital para esos países, compatible con una política económica soberana, que se ha concretado realmente en la negociación. La soberanía debe tener sobre todo una concreción precisa y esta deriva de la calidad de la propuesta y de sus negociadores. La política comercial no puede dejarse a la “definición” de inexpertos, que no tienen patrones de referencia alguna, como es el caso de Ecuador. Política comercial no es suscribir acuerdos por suscribirlos ni incluir más productos en cualquier lista de preferencias. Es mucho más que eso.

La primera definición que cabría hacer, pues, es redefinir los grandes principios de lo que debería ser una Política Comercial, con mayúsculas, aún en perspectiva del cambio político. Mientras, una agenda transicional para la reactivación de la CAN, sin generar más incompatibilidad con la visión que tienen los otros tres miembros del bloque en la actualidad, se impone.

Esta debería estar consignada básicamente en los siguientes aspectos: i) preservación del programa de liberación comercial andino de bienes y servicios y propuesta de mecanismos para su consolidación (la salvaguardia cambiaria, en mi opinión, no es factible; corregir incumplimientos derivados de normas técnicas que aplicó Ecuador hace tiempo; revisar globalmente el esquema de solución de diferencias; acordar mejores normas en el caso del transporte, entre otros); ii) revisión del papel de la CAF y del FLAR en el proceso andino; iii) programa de trabajo para el desarrollo conjunto de proyectos de infraestructura física, interconexión eléctrica y telecomunicaciones; iv) revisión de la normativa andina de comercio respecto de bloques extrasubregionales, incluido un primer análisis de demandas para el ingreso formal del Ecuador a la Alianza del Pacífico; v) impulso concertado a la competitividad y complementariedad productiva y a la creación de cadenas de valor, principalmente para Mipymes, para favorecer el empleo, fundamentalmente.

Estos aspectos debería explorar el Ecuador con los otros socios andinos en perspectiva de iniciar un proceso ordenado de reactivación del bloque subregional o transición hacia otras opciones en un contexto de unidad concertada, con nuevos objetivos, no marcados por la ideología, exclusivamente.

Hay que dejar atrás los dogmas, involucrando al país en un marco de directrices de cambio, modernización y mayor equidad. ¿Será posible? ¿Habrá proactividad e imaginación? ¿Capacidad técnica? De nada servirá correr después. Hay que partir a tiempo. (O)