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El secretismo y la corrupción

4 de Abril, 2016
4 Abr 2016
4 de Abril, 2016 - 00h07
4 Abr 2016

Lo expresé en la Asamblea de Montecristi en la mesa de legislación (enero del 2008), cuando se debatía el nuevo ordenamiento jurídico del Ecuador que surgió de dicha Asamblea.

En los tiempos de la partidocracia, como regla general, para la contratación pública se requería previo pronunciamiento de la Contraloría y de la Procuraduría del Estado.

Además, un legislador, actuando individualmente, podía pedir a la respectiva entidad del sector público toda información sobre gestión y contratación pública, sin excepción, y no podían negársela –cuando era vinculada con la defensa nacional, que exigía reserva, se la trasladaba con igual condición al legislador solicitante–. Esto fue eliminado con la Asamblea legislativa post-Montecristi, ahora el requerimiento del legislador debe ser calificado en la Asamblea, con lo cual no hay pedido de legislador de oposición que sea tramitado, salvo contadísimas excepciones, o porque la información es inocua para el Gobierno, o porque lo que se requiere conocer ya se ha desbordado.

A pesar de esto, ¿hubo corrupción? Es muy posible y de hecho hay casos conocidos. El gobierno de Correa en más de nueve años ha tenido toda la posibilidad de puntualizar, desnudar, perseguir y sancionar la corrupción de los años anteriores. Si usualmente prefirió quedarse en el discurso de la generalización, es su responsabilidad.

Con el ordenamiento para la contratación pública que se genera en Montecristi, a pretexto de simplificar los pasos precontractuales, se eliminaron los pronunciamientos previos.

Auditoría poscontractual. ¿Sala de velaciones

Pregúntese, lector, ¿hay fiscalización legislativa sobre la gestión y la contratación pública?

Con la mayoría aplastante del Gobierno en la Asamblea es casi inexistente.

Una frase repetida es “para la Asamblea, los de PAIS les dimos a los contrarios tres a uno en la elección”. En los últimos sufragios, no es que en votos de los ciudadanos hubo tres a uno en los resultados, sino que la modificación de la forma de asignación de escaños –para mí, mañosa porque no refleja ciertamente el sufragio ciudadano– llevó a la actual composición de la Asamblea.

La Contraloría sí hace auditoría poscontractual, pero la legislación le obliga a reserva. Solo cuando los hechos se desbordan llegan a conocerse. Qué pena que la actuación de la entidad de control en muchos casos termina pareciéndose a la de la administración de una sala de velaciones porque solo puede descubrir corrupción poscontractual, que es muy diferente a prevenirla e impedirla.

A veces las ganancias de la corrupción son recuperables vía glosas, pero muy poco en porcentaje.

Lo más preocupante es cuando se anuncian “indicios de responsabilidad penal”. El florón pasa de una mano a otra mano.

El contralor Pólit señala que hay cientos de auditorías con indicios de responsabilidad –cuchillo en la yugular, para el supuesto indiciado–, la Fiscalía señala que las está revisando. Y se forma el limbo del miedo.

Seguro que ni el contralor ni el fiscal tienen entornos de contactos, pero estos quizás aparecen por generación espontánea, y hasta compiten –alguien decía “podría hacerse un concurso de ofertas”–.

Si el posible indiciado está en la lista de los que desagradan al presidente Correa, lo de la reserva y presunción de inocencia es rebasado, y el sujeto será estigmatizado en sabatina. También hay quienes no han hecho suficiente mérito para el castigo directo presidencial, son los de otros niveles de poder los que se encargan de perseguirlo.

¿Desde el despacho presidencial?
Soy categórico. No creo que el presidente Correa esté necesariamente atrás de lo que sucede en su entorno.

El problema es que él por sostener que para los casos de corrupción en su gobierno sobran los diez dedos de las manos, genera circunstancias de que hay quienes se aprovechan.

Antes de que salte el caso Pedro Eloseguí-Gastón Duzac, vinculado con un proyecto de dinero electrónico, en que se involucró a Cofiec empujando su crisis, en que luego fueron encausados penalmente Pedro Delgado, Duzac y funcionarios de Cofiec, reproduje correos de Pedro Delgado, desde el dominio “@presidencia.gob.ec” presionando a Cofiec, con su nombre, lo que lo volvía casi irresistible para funcionarios inferiores, cuanto más que era visible el respaldo del presidente a Pedro Delgado, acusando a los medios de comunicación de perseguirlo.

En los días recientes, en el caso de los pases de policía negociados con precio, aparentemente el grupo mafioso era liderado por un oficial de policía –ahora prófugo, igual que Pedro Delgado y Duzac– asignado al entorno presidencial y con honores concedidos antes, ya en el Gobierno actual. La fuente de esa imputación es de quien fue comandante general de Policía en el actual Gobierno, que fue escogido para tal cargo de una terna en que él no era el de mayor antigüedad ni de mayores méritos.

Y en los contratos más voluminosos
El espacio no alcanza para analizar caso por caso de los pocos conocidos.

Se repiten las constantes de la corrupción: estudios profesionales vinculados con quienes actúan en el Gobierno, exfuncionarios que pasan al otro lado de la mesa, compañías de papel para cerrar los negocios, subsidiarias de compañías en paraísos fiscales, cláusulas supuestamente intangibles.

Los casos de empresas brasileras –en el Ecuador, hubo actuación personal del presidente Lula del Brasil– y las chinas, investigadas en su país, que en el Ecuador han facturado sobreprecios, a pretexto del financiamiento de las obras, que las ejecutan utilizando a subcontratistas nacionales, aparentemente siempre fueron de negocios limpios.

¿Será cierto que en Brasil y otros países fueron actores de corrupción y que solo en el Ecuador, no? ¿Nos declaramos ingenuos?

El paquetazo tributario
Los volúmenes de la corrupción, seguro que son superiores al supuesto del rendimiento del paquetazo en trámite legislativo.

¿Qué hacer?
Transparentar todo. Comenzando con la contratación pública, identificando a los membretes societarios y a las personas naturales que están atrás, las oficinas y los estudios profesionales intervinientes, los documentos precontractuales y las actas de fiscalización.

Que se levanten las reservas para glosas y los indicios de responsabilidad, a fin que su publicidad no sea privativa del presidente Correa y su entorno, cuando se quiere perseguir a alguien.

Que la Fiscalía en un tiempo perentorio se pronuncie si son procedentes los indicios de responsabilidad penal que menciona la Contraloría.

Y, en cuanto a los viajes al exterior, como el presidente Correa quiere limitárselos a los ciudadanos, que se publiquen las listas de todos los viajeros en los últimos cinco años –yo también he viajado–, comenzando con los funcionarios de alto rango del sector público y sus familiares, precisando si los pasajes y los viáticos los pagamos todos los ecuatorianos, con los recursos públicos, o se hace aquello desde sus bolsillos. (O)

Los volúmenes de la corrupción, seguro que son superiores al supuesto del rendimiento del paquetazo en trámite legislativo.

El secretismo y la corrupción
Lo expresé en la Asamblea de Montecristi en la mesa de legislación (enero del 2008), cuando se debatía el nuevo ordenamiento jurídico del Ecuador que surgió de dicha Asamblea.
2016-04-04T00:07:04-05:00
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