A pesar de todos los recursos judiciales y políticos empleados por el Gobierno de Brasil, cada día aparecen nuevos elementos que van configurando –al parecer inexorablemente– la existencia de una red de corrupción forjada alrededor de la gigante petrolera estatal Petrobras.

La Policía Federal Brasileña anunció el arresto de varios empleados de la constructora Odebrecht, los que revelaron la existencia de un departamento en la compañía que tramitaba los pagos ilegales a los funcionarios públicos del Gobierno central como de las gobernaciones regionales y municipales. La propia constructora anunció que contará todo lo que sabe sobre la corrupción en Petrobras.

La “delación del fin del mundo”, como la ha bautizado el analista Clovis Rossi, será –según la propia empresa– la “cooperación definitiva” que revelará la “existencia de un sistema ilegal e ilegítimo de financiación del sistema partidario-electoral del país”.

A esto se suma el que la Fiscalía brasileña ha pedido la extradición de un funcionario de Odebrecht que ha sido detenido en Suiza, donde se encontraba tratando de cerrar cuentas bancarias que la compañía tenía para pagar coimas, sobornos, a funcionarios de otros países.

Recordemos que Odebrecht opera en 28 países, con contratos por alrededor de veintisiete mil millones de dólares. Aquí nos vamos a enterar de muchas cosas de los gobiernos de Latinoamérica y otras latitudes. El procedimiento es público: la compañía constructora, en acuerdo con las autoridades respectivas, incluye un sobreprecio –que en última instancia le cuesta al pueblo– con el que paga los sobornos a esas mismas autoridades, financia sus campañas, sus gustos y caprichos.

Los pueblos han comprendido el engaño y sus héroes de ayer son los villanos de hoy.

En estas circunstancias, es muy grave que un video de propaganda, en el que el presidente del Ecuador hace promoción turística del país, sea financiado, entre otros, por Odebrecht y otras constructoras brasileñas, también investigadas en relación con el escándalo en Brasil. Pienso que harían mejor en desistir de la difusión de esa propaganda, tanto más que el periodo del presidente Correa terminará en breve.

Extraña que la compañía Odebrecht, expulsada del país bajo acusación de estafa por el propio presidente, haya regresado al país y haya recibido cuantiosos contratos por cerca de dos mil seiscientos cincuenta millones de dólares, lo que nos aproxima peligrosamente a los escándalos del Lulagate.

En artículo anterior, titulado ‘El escándalo brasileño’ (EL UNIVERSO, 11.03.16), le sugería yo al Cabildo quiteño contratar una auditora internacional que fiscalice, en la matriz de Odebrecht, las cuentas relacionadas con la construcción del metro de Quito, para garantizarse a sí mismo y a la ciudadanía que la constructora no ha empleado métodos similares a los usados en otras partes. Las cuentas, los libros de contabilidad de Odebrecht ya están, en parte, y parece que pronto en su totalidad, en manos de la Policía, la Fiscalía y los jueces de Brasil.

Los ecuatorianos debemos exigir que esas cuentas y libros de contabilidad de todos los contratos en el Ecuador de Odebrecht y las otras constructoras brasileñas se hagan públicos.(O)