En un registro civil paralelo y aborto por ordenanza se podrían resumir las dos recientes resoluciones adoptadas por el Gobierno Provincial del Azuay en dos asuntos que no son de su competencia, pero que tienen el acierto de poner nuevamente en la mesa de discusión temas de derechos para matrimonios igualitarios y la despenalización del aborto en casos de violación y embarazos no deseados.

La Ordenanza para Exigibilidad y Transversalidad de la Equidad Social y de Género fue aprobada en dos discusiones en la Cámara Provincial –es mi derecho decirlo y mi obligación argumentarlo– con una finalidad que no va más allá del efecto mediático y político electoral.

Ciertamente, Cuenca es la cuna de la despenalización de la homosexualidad en una lucha desigual que no se inició en un año electoral ni en los inalcanzables sueños presidencialistas de un político. Se inició porque a un agencioso intendente se le ocurrió ejecutar un operativo policial en una fiesta privada en la que se elegiría a la nueva reina gay de la ciudad, y porque metió en una celda de delincuentes peligrosos a la ganadora del torneo.

Aquella madrugada la violaron una y otra y otra vez. Y la conventual ciudad despertó a los ciudadanos con instalaciones artísticas de quienes decidieron salir del clóset: los árboles del parque central amanecieron llenos de preservativos y frente a la puerta principal de la Catedral más grande de Sudamérica, una cama cuya cabecera mostraba dos rostros para semejar la doble moral imperante (más o menos como ahora, en los rostros de algunos de los promotores de la ordenanza).

Fue, como se dice, una lucha desde las bases. Heroicos actos de confrontación con lo establecido que terminaron por eliminar el artículo que en el Código de Procedimiento Penal criminalizaba la homosexualidad. La acción se radicó donde debía: una instancia jurídica legal, no en una política, sino legal.

Es cierto: la violencia hacia las minorías sexuales es física, verbal y simbólica, por ello se reconoce que un acto simbólico no es una acción inútil, sin embargo, puede ser también un riesgo para el progreso permanente de los derechos GLBTI y de la posibilidad de despenalizar el aborto en determinadas circunstancias, pues puede confundirse con la postura demagógica de una estrategia política que busca estar en la palestra pública.

Pero tampoco hay que olvidar lo que es igualmente criticable en las instancias legales para tratar el tema: el silencio de esas mismas instancias para la discusión de estas dos luchas de género, de libertad y de igualdad. Porque es necesario recordar que cuando se intentó tratar el tema en la Asamblea Nacional, de un solo sabatinazo se les durmieron a algunas asambleístas sus ideales y luchas de género. Una posición también políticamente oportuna. Y políticamente criticable.

Pero regresemos a la ordenanza en mención: quienes acudan al Registro Azuayo de Matrimonios LGBTI, que es como se llama el registro civil paralelo creado por ordenanza, deben hacerlo con la convicción y certeza de que ningún efecto legal tendrá la medida. Que más bien da la pauta para que sus promotores puedan ser sancionados en derecho. Y que la lucha debe seguir y mejor si se alejan de políticos en campaña. Sin olvidar los orígenes de todo esto.

¿Y sobre el tema de los abortos? Ya habrá tiempo y espacio para abordarlo. (O)