La propuesta del prefecto del Azuay, Paúl Carrasco, de convocar a una asamblea ciudadana para el 3 de marzo próximo, puede convertirse –si de verdad fuera ciudadana, si de verdad fuera provincial– en un bumerán que rompa sus espejismos.

Los antecedentes: un furibundo prefecto azuayo envía una carta al ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, por el lío de una pretendida venta de acciones que el Gobierno provincial posee en las empresas eléctricas Centro Sur C.A. y Elecaustro S.A. y que, según esa cartera de Estado, “podría alcanzar los 5 millones de dólares”.

La Empresa Eléctrica Centro Sur tiene un capital de 154’710.000 dólares, de ellos 27’221.000 dólares son acciones del GAD provincial del Azuay; en tanto que el de Elecaustro es de 116’747.000 dólares, de los cuales 22’046.000 dólares son acciones de la Prefectura del Azuay.

Carrasco intentó vender aquellas acciones tras dos convocatorias públicas que no tuvieron respuesta, pese a que se ofertaron por el 90% de su valor real, porque se avizoran problemas legales, y en la Prefectura, aparentes problemas económicos. Aparentes, digo, porque en el último carnaval Carrasco invitó –a cambio de 60.000 dólares– al salsero colombiano Alberto Barros para dos presentaciones en dos cantones azuayos.

Paúl Carrasco no exagera ni miente sobre el respaldo legal que tiene para la venta de las acciones. Pero sí despierta dudas sobre el destino del dinero que reciba: ya fue observado por Contraloría por un aparente mal uso de recursos del dinero recaudado por la Tasa Solidaria –un impuesto que pagamos al momento de la matriculación vehicular todos los que circulamos por las vías azuayas– y que no fue transferido a los gobiernos parroquiales ni cantonales. Además es pública su posición y aspiración política que para sostenerla (en más de una ocasión ha reunido en Cuenca a lo más extremo de la extrema derecha ecuatoriana, y ha organizado marchas encabezadas por él pero financiadas quién sabe cómo) demandará mucho tiempo. Y dinero.

En la respuesta mediática del gobernador del Azuay al prefecto Carrasco, mostró unas fotografías del jet privado que el prefecto utilizaría para sus desplazamientos por el país, y de las caravanas con las que empuja su figura de “presidencialista”. Es un derecho legal de Carrasco, siempre que no sea con dineros públicos inexistentes en esta crisis que empieza a agobiar a la cosa pública.

Regresemos al caso de la asamblea ciudadana. Carrasco dijo que la convoca para reclamar por los retrasos en las transferencias de recursos para las obras del Tranvía, de la ampliación de uno de los ingresos a la ciudad, estas ejecutadas en el cantón Cuenca, donde no tiene injerencia como prefecto, pero sí la tendría como precandidato que aprovecha los espacios mediáticos.

Pero en esa agenda se podría incluir también el tema de la vialidad provincial, la piedra en el zapato de la administración de Carrasco. Cuando entrega su rendición de cuentas, cuantifica en metros las vías que dice que ha intervenido, porque, en muchos casos, si lo hace en kilómetros, no pasa de dos dígitos.

La asamblea podría ser ese bumerán, pero para ello debería ser íntegramente ciudadana y no profundamente politiquera. (O)